miércoles, 23 de abril de 2014

Tan cerca de #EPNvsInternet y tan lejos de una Ley PLC 21/2014

Miguel Ángel Gómez Polanco

¡Qué días, revolucionarios! Se refuerza una inevitable comparación en América Latina entre quienes son, quizás, los dos países más poderosos de esta comunidad: Brasil y México; el primero, como la nación de mayor crecimiento en los últimos diez años, con la mayor bolsa de valores de la región y el sexto Producto Interno Bruto a nivel mundial. Vamos: no por nada le han acuñado “el país donde no hay nada más barato que invertir en los pobres” (por peyorativo que pareciera).
            Del otro lado está México; con un nivel de desarrollo especulatorio (sic), economía en desaceleración y conflictos -más que todo- sociales, así como invadido por el extranjerismo empresarial, cuyas ventajas sobre el país sudamericano son mínimas respecto a las que se tenían precisamente hace diez años.
            ¿Qué nos pasó? Es la pregunta. Para la grilla y la crítica de escritorio (muy de moda en estos tiempos), lo más sencillo sería culpar a los gobiernos panistas de ello. Y razones, cabe decir, las hay: ahí está el Coeficiente de Gini, que demuestra todavía que los índices de desigualdad en Brasil siguen siendo superiores que en México, pero con una gran diferencia que radica en los esfuerzos de los cariocas para disminuir la pobreza y no, digamos, “sopesarla nomás” como se hace en México, a manera de capital político.
            De lo anterior se desprenden las acciones que cada país ha emprendido al respecto. Brasil, con su Fome Zero (Hambre cero), en el que a través de programas para la educación, la agricultura, la nutrición y la creación de empleos en un marco de políticas coherentes entre gobierno y sociedad, se logró concretar uno de los programas de mayor influencia a nivel mundial en el combate a la pobreza (en todos los sentidos) y la desnutrición. El dato es que rescató a 14 millones de personas e insertando a 4 millones más a la clase media.
            Mientras, en México, tenemos la cuasi olvidada “Cruzada Nacional contra el Hambre”; un conglomerado de programas existentes –pero “reforzados”- lanzados a nivel estatal y federal con resultados dispersos; calificada por la organización México Evalúa como una oportunidad para el “mercadeo del voto” y esencialmente con potencial altamente populista. Sus resultados a poco más de un año no están en duda, pero sí su aprovechamiento a largo plazo, dada la “cultura de la despensa” que lleva en sus venas nuestro país.
            Y así, podríamos citar algunos ejemplos más. No obstante, lo que da título al presente panfleto –quizás malinchista- es el asunto que nos trae de cabeza a todos; legisladores, sociedad y cualquier colado que guste sumarse: la Internet, su regulación y censura.
            Sería desgastante criticar la conducta de las fracciones partidistas en la Cámara Alta, pues queda claro que los intereses puerilmente electorales han menoscabado sus intenciones respecto a la aprobación del dictamen final (y sin contar a un Javier Lozano completamente enloquecido).
Asimismo, la postura de una sociedad que ha encontrado –irónicamente- su única y “práctica” fuente de información en las redes sociales y cualquier tipo de material viral que en ellas se encuentre, sin explorar más allá, en su mayoría.
            Por ello y retomando el punto de la comparación, quisiera compartir con ustedes, amables lectora y lector, una muy breve explicación de lo que vendría siendo un nuevo “punto a favor” de Brasil contra México, esta vez, en materia de tecnologías de la información y regulación de la Internet.
            El pasado 22 de abril, el Senado brasileño probó el proyecto de Ley PLC 21/2014; mejor conocido como “Marco Civil de Internet” o “Constitución de la Internet”. Sí: así de gruesos.
            La promulgación de esta Ley consiste principalmente en garantizar la libertad de expresión y establecer una red abierta y descentralizada, que permita a los internautas (definidos como tal y no con el ambiguo término de “usuarios”) ser parte activa de una base democrática de las relaciones a través de Internet, dentro y fuera del país, con lo cual promuevan, entre sí mismos y el gobierno, “el respeto a los derechos humanos , la ciudadanía , la diversidad y la preservación del orden social la red”.
            Para acabar pronto: el Marco Civil de la Internet en Brasil, garantiza plenamente la libertad de expresión como uno de sus principios fundamentales.

SUI GENERIS
Pero lo más interesante es que la Ley PLC 21/2014 surge a raíz de las filtraciones sobre espionaje que hiciera Edward Snowden en el caso Wikileaks y en los que se vio involucrada la propia presidenta brasileña, Dilma Rousseff, al igual que mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto (aunque éste, en menor medida).
            ¿Cuál fue la diferencia? Que al parecer, en México provocó una reacción al interior y no de forma global. Mientras Dilma promovió garantías de libertad de expresión para evitar acciones que se interpretaran como espionaje en su país y fuera de él; en México, la reglamentación secundaria de la Reforma de Telecomunicaciones parece estar dirigida a una supresión de la privacidad, con el pretexto de la seguridad nacional y que para nuestra desgracia, se ha entendido como “censura”, cuando ello es el resultado y no la causa.
Hay que decirlo y enfatizarlo: lo que se vive actualmente en México, está alejado de la “censura” como tal, pero no de la protección de datos; rubro que no ha “fluido” en las poderosas redes sociales con la misma importancia que echar pleito al presidente con su #EPNvsInternet.
Porque resulta que, mientras en Brasil se hizo efectiva la protección de la intimidad y los datos personales de los usuarios, restringiéndolos para su uso salvo previo permiso de los propietarios; en México, dichos datos servirían como parte del almacenamiento de información que permita al Estado localizar, indagar y proceder contra quien pudiera ser un “potencial” alterador del orden público.
¿Entonces? ¿Qué esperan los legisladores mexicanos para poner en práctica este criterio regulatorio o, en su defecto, apegarse a la jurisprudencia que sugieren tratados como el recién firmado Convenio de Budapest, en relación a la ciberdelincuencia? ¿Es tan complicado reconocer los avances legales en torno a la interpretación de conceptos que ya no deben ser centralizados por país?
Lastimosamente, México una vez más demuestra que su visión equina es hacia adentro y no hacia el mundo. Pero como siempre: usted tiene la última palabra y ojalá me esté equivocando, pues no se trata de "ser como Brasil"... pero sí de tomar lo mejor de ese y otros países, para el progreso mexicano ¿no cree?




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