¡Olé, electorero!

Miguel Ángel Gómez Polanco

Vaya lío en el que se encuentran los “encargados” de la legalidad en México por todos los órdenes, pero en el ámbito electoral, aún más.

            Si redujéramos la problemática y utilizáramos nuestro sentido común como ciudadanos, concluiríamos que el verdadero meollo del asunto no está en las multas o el aspecto económico en sí: se trata de una grave irresponsabilidad en la interpretación de la Ley que podría llevar a México por un camino de mayor desconfianza en las instituciones y que en algún momento estallará, no obstante que por lo menos la última Reforma Electoral “trascendental” (2007) planteaba precisamente opciones para que esto no sucediera.

            ¿Cómo combatir los que al parecer son un implacable cáncer cultural como la omisión y la ilegalidad en nuestro país?

La enmienda luce complicada, si consideramos, por ejemplo, casos recientes como el que involucra la naturaleza técnica y unipersonal (léase Alfredo Cristalinas Kaulitz) de la Unidad de Fiscalización del IFE, la cual ha dejado al descubierto su vulnerabilidad ante las presiones mayoritarias o “del poder”, como se aprecia en el momento difícil por el que atraviesa, tras los asuntos de Monex/PRI y AMLO.

            Y es que, partiendo de la idea de que para apostar por una verdadera transparencia en los procesos comiciales, se debe democratizar esencialmente la fiscalización; entonces -dijera mi abuelita- “sabe Dios” que si en un Consejo colegiado existe parcialidad y las decisiones constan de un amplio consenso ¿se imaginan la indefensión en la que se encuentra el titular de una Unidad Técnica sin la magistratura que exige el conocimiento jurisprudencial en el tema electoral?

            Es por lo anterior que, vinculado con la falta de explicación en el dictamen emitido por el licenciado Cristalinas, no sólo lo convierte en un objeto cuestionable, sino que además, carece de legitimidad.

¿Será por eso que pospusieron análisis? ¿O es que el Consejo Electoral no contaba con que se presentara una exigencia tácita de revisar el proyecto a profundidad, dadas las inconsistencias que presenta? ¿Por qué no aclarar el conducto y destino de los recursos utilizados por las coaliciones “Compromiso por México” y “Movimiento Progresista”, sin únicamente comprometer su existencia?

            En este contexto, sobresale un factor que enmarca al Artículo 6to Constitucional: el principio de máxima publicidad, que se basa en el derecho público a que se “desmenuce” la información manejada por todas las órdenes de gobierno y hacer de su conocimiento los procedimientos por los que pasan asuntos con una invariable concepción irregular, como el de la fiscalización electoral.

Esto, cabe destacar, también es incluido en el sexto artículo de la Ley Federal de Acceso a la Información y constituye uno de los derechos fundamentales más importantes no sólo de México, sino del mundo entero.

            Pero ¡oh, problema! El artículo constitucional mencionado reza de la siguiente manera:

“… Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”.

            ¿Notó el detalle? ¡No se incluye a los partidos políticos! Éstos son entidades, sí, pero de carácter público y no están señalados de forma explícita en la Carta Magna. Aunque no todo está perdido: el IFE sí entra en esta descripción y es su obligación transparentar los procesos y consecuentes dictámenes como los que emita la Unidad Fiscalizadora, pues aunque es autónoma, no deja de ser federal.

De esta manera, pensar en “juicios políticos” y/o destituciones, está demás. Lo conveniente es, desde un particular punto de vista, replantear los procedimientos de fiscalización y darles sustento institucional con la autonomía que garantice la participación no de uno, sino de varios especialistas en el tema de transparencia.

Asimismo, el método para conformar el Consejo General del IFE y los órganos locales, tendría que ser más riguroso y, por qué no, homogenizar los criterios para el perfil que requieren quienes lo integran, en una suerte de “combinación” de las reformas electorales de 1990 y 1996, en las que éstos pasaron de ser consejeros “magistrados” a “ciudadanos” y, finalmente, “electorales”.

SUI GENERIS

Y Veracruz, desde luego, no se salva. Algunas declaraciones recientes con visible esencia protagónica por parte de voces “conocedoras” en la materia, desde ya, “echan la bolita” irresponsablemente a Félix Morales Vásquez, titular de la Unidad de Fiscalización del Instituto Electoral Veracruzano, comprometiendo en boca ajena las sanciones que, de acuerdo con el artículo 64, fracción VI del Código Electoral del Estado; dicha instancia puede concluir hacia el o los partidos que sobrepasen los topes de campaña impuestos para la elección de este 2013, aún cuando en la entidad no existen antecedentes en el tema, gracias a la buena conducción que se ha tenido en la figura de quien preside el Consejo; la maestra Carolina Viveros García.

            Sin embargo, parte de lo aquí expuesto convierte el marco electoral en una detestable émula de una corrida de toros,  en la que el “¡olé!” proviene de los partidócratas que capotean la Ley a como dé lugar, sin importar la instancia gubernamental a la que pertenecen y con un fomento constante al vicio electorero que únicamente busca el poder por el poder. ¿O qué le parece a usted, estimada y estimado lector?

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Mexique: le penita mil

Miguel Ángel Gómez Polanco

Qué caray: se invirtieron los papeles. Pagaron “pecadores por justos” y México demostró que no es la propia justicia la que está en crisis, sino el conocimiento de la Ley y su interpretación, quedando en el ridículo internacional en plena –y al parecer, eterna- coyuntura.
            Así es, amiga y amigo lector: la Ley se manejó al antojo de las entrañables conveniencias que se decantaron por una mejora en las relaciones con un solo país y no con el resto de las naciones con las que se tiene bilateralidad, así como la conservación de ambientes internos en los que, por lo que se ve, pudo haber favorecido a la comunidad judía en nuestro país (sin que suene antisemita).
            Ojo: La Suprema Corte de Justicia de la Nación no dijo que Florence es o no culpable; esto es tarea de un Tribunal Federal. Sin embargo, la esencia diplomática adquirida por el caso, echa por la borda esta aseveración, así como la labor de revisión Constitucional por parte de la Corte.
Incluso la propia Cassez, con la libertad que le dio un proceso plagado de una irregular validación del estado de Derecho, llega a su país de origen calificándose más inocente que una paloma y haciéndola de “madame”, vislumbrado que con Enrique Peña Nieto “México tendrá muchos logros”, mientras ni su propio abogado, el  heredero del erudito en Derecho y exgobernador de Veracruz, Agustín Acosta Lagunes; alegó la inocencia como tal, sino la vulneración a los derechos fundamentales de la francesa.
Vamos: ni aplicando el Tratado de extradición de Estrasburgo se habría logrado transparentar el caso y, aunque recurrir a esta medida hubiera sido viable, el gobierno mexicano argumentó que “consentir a su traslado significaría autorizar que otro Estado, de manera absolutamente injustificada, permita la reducción o, incluso, la anulación de la pena a la que los delitos cometidos por Florence Cassez en México le hicieron acreedora”.
¿Se imaginan a Calderón lidiando con la intervención diplomática y/o de instancias internacionales de derechos humanos, en un asunto que involucraba a una extranjera? ¡No, virgencita, plis! Habría expuesto al país en otros temas, de los que destaca, por supuesto, el que estigmatizó al panista: la violencia que nos aquejaba (y aqueja).
Desde entonces, Felipín se pasó por el Arco del Triunfo (irónicamente) el Artículo Primero Constitucional que hoy se pretende modificar para que quede como hubiera querido el expresidente en su sexenio y así no exhibir los sesgados derechos humanos que le convenían.
Lo anterior da un ambiguo resultado: en México padecemos un estímulo tardío de la confianza. Los casinos, el IFE y Monex, Florence, así como Televisa aceptando su participación en el montaje en su captura, producido por Genaro García Luna y su entenado, Luis Cárdenas Palomino; son algunas pruebas. Ante este escenario, debo confesar, ya ni veo con tanta importancia que la Cuenta Pública tenga un desfase de año y medio.
Pero también están los recovecos donde aparecen inconsistentes declaraciones de las víctimas, Ezequiel Elizalde, Cristina Valladares e hijo (Christian), así como el ajuste de cuentas contra el hermano de la protagonista, Sebastien, a través del cual se enturbió la situación y donde un judío de nombre Eduardo Margolis Sobol; poseedor de un “gran poder” en el sistema de seguridad del país y quien habría tenido una relación incierta con Israel Vallarta antes de la detención; pudo haber cimentado el andamiaje de un asunto político que sin cerrarse, marca uno de los episodios más oscuros de la justicia en México y afianza la preocupación sobre el cauce que se le da a los asuntos menores en el rubro.
Al final, como dice el periodista e investigador Héctor de Mauleón: el único secuestro claro fue el de la verdad, sobre una manipulación que ya se antoja icónica.


SUI GENERIS

Y entonces, reaparece una de las empresas con las que se repartieron las célebres tarjetas Monex por un monto de 70 millones de pesos, "Efra" (propiedad de Gabino Fraga Peña, primo de ¿adivinan quién?)  con la cual, además, se le relaciona al Consejero Sergio García Ramírez; sí, el mismo que de último momento votó a favor de la indulgencia sobre el PRI en el mismo asunto, logrando su exoneración.
Lo peor: el IFE actúo dentro del -una vez más- viciado marco legal que se distingue en la cultura mexicana, pues las posibles “maiceadas” se dieron al margen del proceso, obviamente.
¿Sabe a qué me refiero? ¿Se enteró de la decisión del IFE? Bueno, puedo entender si su respuesta es negativa. Florence Cassez acaparó todos los reflectores necesarios y quizás jugó el papel que el “Chupacabras” y la “Influenza AH1N1” tuvieron en su momento.
Ese es, señoras y señores, el “lado oscuro” del todavía inentendible y replanteado neoliberalismo. Allá usted si le entra o se lo “guarda” para posteriores decisiones, sobre todo en la urna.

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¡Bendita Pactitis!

Miguel Ángel Gómez Polanco

En días recientes, hemos sido testigos de fenómenos planeados con antelada astucia y dejos de certidumbre para el país.
México transita por nuevos caminos que van ligados a la generación de una nueva democracia, de la mano con la –quizás paradójica- división y replanteamiento de corrientes que, sin duda, contribuirán con la obtención de un nuevo espejo ciudadano y su participación activa en las decisiones del país.
            Lo curioso es que sea un solo acontecimiento el que haya detonado el cúmulo de ideas que habitan en el otrora subconsciente nacional y que inevitablemente darán dirección al establecimiento de una oposición que ya se encuentra en vías de fortalecerse mediante la legitimación que le han facilitado las circunstancias actuales.
            Y es que a pesar de que en un estudio reciente de Consulta Mitofsky, en torno a la percepción ciudadana respecto a estos temas que menciono (y que no defino de inmediato, con la finalidad de que usted, estimada y estimado lector, compruebe que también es parte de la traslación que vive el país) el nivel de conocimiento sigue siendo bajo, pero ya se perfila como promotor de una polarización democrática bastante propositiva.
            La realidad es que nuestro país ya no es aquel de la devaluación, “las tepocatas y víboras prietas” ni el “peligro para México” y, aunque algunos le “apostaron” a un futuro incierto como Santiago Creel y Roberto Gil Zuarth, mientras que otros como Graco Ramírez entendieron a qué se referían los detractores chuchos con “negociaciones impúdicas”; “la guerra”, Atenco, Ayotzinapa, Ernestina y -con todo y su parafernalia acostumbrada de cada seis años- el EZLN, ahora forman parte de un accionar social muy diferente que ya se inclina por una mejor comprensión de los sucesos que verdaderamente aquejan al país, cuyo cimiento va ligado en mayor medida con la gente y no con la mal interpretada partidocracia que impera.
Entretanto, el marco socio-político avanza y el trabajo mencionado de la empresa de Roy Campos lo refleja con fidelidad, pues de los 19 indicadores de percepción ciudadana sobre el tema que da nombre al presente panfleto, resaltan los de “Trabajar por la misma causa/para el pueblo” (12.1), “Estar unidos” (11.1) y “Seguridad en acuerdos políticos” (5.6)
No obstante, como menciona el sociólogo Robert Putnam en su obra Capital social y democracia: “la historia es un factor causal para la existencia o ausencia de lo que se denomina comunidad cívica”, entendiéndose con ello que, una vez recuperada la unidad ciudadana, el último punto para su fortalecimiento es el conocimiento de los hechos que dan origen a las circunstancias actuales del país; algo que ya está encaminado a suceder gracias, en gran parte, a la tecnología.
¿Adivina por dónde va la cosa? Estoy seguro que sí: el mentado “Pacto por México” ya da sus primeros frutos y no precisamente por las “soluciones” que emanen de éste (cuyos resultados, hasta ahora, tampoco se cuestionan), sino por la repercusión que ha tenido en las libertades del mexicanos; ahora mejor entendidas y en vías de ser, como el término de moda: perfectibles.
De lo anterior podemos destacar dos grandes beneficios que ha aportado la pactitis mexicana que se resumen, por una parte, es la simplificación de la vida democrática basada en el comportamiento ambivalente en torno a las preferencias electorales. “Los del Pacto por México son unos y los de Morena son otros”, socavando el remorismo del PT, Movimiento Ciudadano, PVEM y Panal, cuya presencia podría tender al sustento local, tal como lo ejercen diversas asociaciones políticas ya existentes.
Por otro lado, está la creación de una oposición perfectamente bien definida. El liderazgo de Andrés Manuel López Obrador encausa el hartazgo de una gran porción de la población, de donde emergen ejes rectores que pondrán, irónicamente, el cimiento del sistema neoliberal propuesto por el gobierno priista, fomentando la participación ciudadana y limitando al Estado a través de la legitimación del movimiento que, hoy por hoy, podría hacer resurgir a la extinta izquierda mexicana.

SUI GENERIS
Así pues, nos remontamos a los tiempos de Plutarco Elías Calles; de aquel priismo en el que la necesidad de consenso tenía fines autoritarios e impositores, pero con una gran diferencia: el gobierno Enrique Peña Nieto busca los acuerdos que den tranquilidad a la desvalorizada urgencia de reformar estructuralmente el país.
            No hay por qué extrañarse: el tricolor siempre se ha caracterizado por la cohesión interior y exterior, por lo que en estos momentos y tal como sucediera sobre todo en las décadas de los ochentas y noventas con el asunto electoral; el PRI intentará sacar adelante su credibilidad, esta vez partiendo de lo mismo que ellos mismos frenaron del 2000 a la fecha y que –ciertamente- sumió al país en el estancamiento; pero de la mano de otras instituciones políticas, dejando espacio para que la verdadera oposición actúe, reclute y haga su chamba.
            Finalmente, un consuelo racional para quienes creen en la capacidad política del PAN y PRD: ambos están en franca debacle, pero no toda su militancia está de acuerdo con formar parte de la pactitis y, con o sin "alianzas", aseguran que la polarización permanecerá en el rubro político-electoral y no en el gubernamental; éste último, donde menos hace falta.
            Bien por México, pues este “padecimiento” se antoja favorable para su lastimada democracia.

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La prueba soflama

Por Miguel Ángel Gómez Polanco

“Debajo de esta máscara hay más que carne;

hay ideas y las ideas son a prueba de balas”

-V

Aunque el pasado primero de diciembre comenzó oficialmente una nueva etapa en el país, con el regreso de la fuerza hegemónica que por más de 70 años se estableció al frente del Poder Ejecutivo en México; el verdadero inicio de este ciclo de alternancia, más no de transición, será en el 2013, pues otra vez se da la invaluable oportunidad para hacer valer la democracia en la que se fundan los mecanismos electorales de la Nación a través de las elecciones locales que se celebrarán a mediados de año.
            Y es que, no obstante que existen grupos que han hecho de la insuficiencia democrática una bandera para denostar el sistema en el que se rige nuestro país, la realidad es que México goza de uno de las estructuras electorales más desarrolladas del mundo, por encima de países más avanzados basados en sistemas mixtos, presidenciales o parlamentarios, aunque esto, desde luego, no garantiza la correcta aplicación de las leyes en pos de la propia democracia, pues el problema principal no radica en la jurisdicción electoral, sino en la sociedad e instituciones que hacen uso de ella.
            Por ello, la participación ciudadana es determinante para alcanzar un nivel de aceptación y cultura democrática con la que el país podría por fin avanzar en este rubro, dejando de ser entre el 60 y el 65 por ciento de nosotros quienes elijan al nuevo presidente y de los cuales, con el ajuste poblacional correspondiente, termine siendo aproximadamente un 24 por ciento de 112.3 millones de mexicanos quienes decidan el triunfo, provocando efectos revolucionarios, insurgentes y esbozos de disidencia en un país cada vez más despierto, pero con la somnolencia propia de no tener certezas para pasar a la acción y dejar su inconformidad en las redes sociales o una poco ortodoxa toma de espacios públicos.
            De ahí que resulte indispensable dar otro sentido a las expresiones como el “1D” o “#TodosSomosPresos” y otras que centralizan el interés y polarizan la opinión pública, pues no se trata de apresar políticamente las conciencias, sino de que éstas crean en el papel de la ciudadanía y se ejerza dentro de los ordenamientos jurídicos que le den el poder que posee de manera innata, como parte electiva del otro poder que la gobierna.
            En este contexto, es vital que se haga caso omiso a las mociones que pretenden infundir mayor inestabilidad, algunas tan inverosímiles como la participación misma de gente destacada en ellas.
Caso ejemplar de lo anterior es la que recientemente apoyó el Premio Nobel de la Paz 1985, Alfredo Jalife- Rahme, quien a través del portal virtual de ciberactivismo “Causes.com” promueve una campaña en la que pide la desaparición del Instituto Federal Electoral, donde hasta el momento de cerrar el texto presente, ya había 14,262 firmas de apoyo a una iniciativa ciudadana que evidencia un claro desconocimiento del por qué de un órgano autónomo regido por leyes que le han otorgado el blindaje necesario para apostar por la democracia ideal que, si bien es cierto, no se ha conseguido, tampoco se debe precisamente a su “inutilidad”, sino al entorno que lo envuelve, en el que se encuentra precisamente un grave problema de percepción y el aprovechamiento de ello, por parte de las instituciones políticas.
Pero usted dirá ¿por qué es inviable esto? Y ciertamente es sencillo de responder, con tantito investigarle: el sistema electoral ha pasado por 23 reformas desde la promulgación constitucional del Congreso Constituyente en 1917. Durante este tiempo, siete leyes han regido el tema, en las cuales los intereses que, sobre todo a partir de 1946, el PRI se encargó de adecuar a modo con el apoyo de una débil “oposición” panista y la contra de pequeños grupos de la hoy inexistente izquierda; con la finalidad de establecerse en el poder y que, como menciona Jesús Cantú en su ensayo “El sinuoso andar de la democracia mexicana”, gracias a “errores de cálculo”, perdieron en la década de los noventa, para dar lugar al primer intento de transición en la historia democrática de México, con el triunfo de Vicente Fox en el 2000.
Asimismo, el nacimiento del IFE como instancia reguladora de la elección, pero sin capacidad de emitir fallos que son exclusivos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; acabaron con la simulación que la Secretaría de Gobernación y las representaciones de los Poderes emprendían para legitimar comicios amañados que en la actualidad ya son más complicados y con una significación muy diferente.
Luego entonces ¿qué es más conveniente? ¿Desaparecer el IFE y, entonces sí, dotar de “regresión” al país con sistemas manipulables que dificulten aún más el alcance de la democracia o pugnar porque los partidos políticos reformen sus estatutos con enfoques sancionables para que no sea necesario seguir imponiendo “candados” al sistema electoral, por aquello de los “adelantados” y la mala utilización de recursos públicos de todo tipo, con el objetivo de perpetuarse en el poder?


SUI GENERIS
El primer paso para que regresemos a las mismas, ya está dado. Al parecer, la crisis del PAN obligará a la institución no a reformarse, sino a convertirse una vez más en la sombra de un priismo que los mexicanos hacemos votos porque de verdad haya desaparecido, dando lugar a uno propositivo y que ejerza la aparente vacilada que hasta el momento representa el neoliberalismo.
Así también, la ambigüedad de la otrora izquierda mexicana que va más por el alboroto valiéndose de la euforia juvenil, ha fomentado la banalidad en sus acciones, poniendo en peligro la comprensión de los derechos político-electorales que aún reformados, siguen siendo auto-saboteados en lugar de utilizarlos a favor del bien común.
       El turno es para las y los ciudadanos, quienes deben dejar de sentirse “presos” y comenzar por utilizar términos como “#TodosSomosLibres” para vivir una nueva era en el país.
Aquí sí es válido desaparecer algo: el pesimismo y la paranoia conspiratorio-represiva, para que en lugar de limitar, nos hagamos del conocimiento y la práctica que corresponden al momento que vive México, pasando de tomar cada elección como una “prueba soflama” y verla ya como una “prueba de fuego” real que despierte el goce de los derechos que, aunque no lo creamos, poseemos constitucionalmente.
¿O usted qué opina, amable lector?

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