Tan cerca de #EPNvsInternet y tan lejos de una Ley PLC 21/2014

Miguel Ángel Gómez Polanco

¡Qué días, revolucionarios! Se refuerza una inevitable comparación en América Latina entre quienes son, quizás, los dos países más poderosos de esta comunidad: Brasil y México; el primero, como la nación de mayor crecimiento en los últimos diez años, con la mayor bolsa de valores de la región y el sexto Producto Interno Bruto a nivel mundial. Vamos: no por nada le han acuñado “el país donde no hay nada más barato que invertir en los pobres” (por peyorativo que pareciera).

            Del otro lado está México; con un nivel de desarrollo especulatorio (sic), economía en desaceleración y conflictos -más que todo- sociales, así como invadido por el extranjerismo empresarial, cuyas ventajas sobre el país sudamericano son mínimas respecto a las que se tenían precisamente hace diez años.

            ¿Qué nos pasó? Es la pregunta. Para la grilla y la crítica de escritorio (muy de moda en estos tiempos), lo más sencillo sería culpar a los gobiernos panistas de ello. Y razones, cabe decir, las hay: ahí está el Coeficiente de Gini, que demuestra todavía que los índices de desigualdad en Brasil siguen siendo superiores que en México, pero con una gran diferencia que radica en los esfuerzos de los cariocas para disminuir la pobreza y no, digamos, “sopesarla nomás” como se hace en México, a manera de capital político.

            De lo anterior se desprenden las acciones que cada país ha emprendido al respecto. Brasil, con su Fome Zero (Hambre cero), en el que a través de programas para la educación, la agricultura, la nutrición y la creación de empleos en un marco de políticas coherentes entre gobierno y sociedad, se logró concretar uno de los programas de mayor influencia a nivel mundial en el combate a la pobreza (en todos los sentidos) y la desnutrición. El dato es que rescató a 14 millones de personas e insertando a 4 millones más a la clase media.

            Mientras, en México, tenemos la cuasi olvidada “Cruzada Nacional contra el Hambre”; un conglomerado de programas existentes –pero “reforzados”- lanzados a nivel estatal y federal con resultados dispersos; calificada por la organización México Evalúa como una oportunidad para el “mercadeo del voto” y esencialmente con potencial altamente populista. Sus resultados a poco más de un año no están en duda, pero sí su aprovechamiento a largo plazo, dada la “cultura de la despensa” que lleva en sus venas nuestro país.

            Y así, podríamos citar algunos ejemplos más. No obstante, lo que da título al presente panfleto –quizás malinchista- es el asunto que nos trae de cabeza a todos; legisladores, sociedad y cualquier colado que guste sumarse: la Internet, su regulación y censura.

            Sería desgastante criticar la conducta de las fracciones partidistas en la Cámara Alta, pues queda claro que los intereses puerilmente electorales han menoscabado sus intenciones respecto a la aprobación del dictamen final (y sin contar a un Javier Lozano completamente enloquecido).

Asimismo, la postura de una sociedad que ha encontrado –irónicamente- su única y “práctica” fuente de información en las redes sociales y cualquier tipo de material viral que en ellas se encuentre, sin explorar más allá, en su mayoría.

            Por ello y retomando el punto de la comparación, quisiera compartir con ustedes, amables lectora y lector, una muy breve explicación de lo que vendría siendo un nuevo “punto a favor” de Brasil contra México, esta vez, en materia de tecnologías de la información y regulación de la Internet.

            El pasado 22 de abril, el Senado brasileño probó el proyecto de Ley PLC 21/2014; mejor conocido como “Marco Civil de Internet” o “Constitución de la Internet”. Sí: así de gruesos.

            La promulgación de esta Ley consiste principalmente en garantizar la libertad de expresión y establecer una red abierta y descentralizada, que permita a los internautas (definidos como tal y no con el ambiguo término de “usuarios”) ser parte activa de una base democrática de las relaciones a través de Internet, dentro y fuera del país, con lo cual promuevan, entre sí mismos y el gobierno, “el respeto a los derechos humanos , la ciudadanía , la diversidad y la preservación del orden social la red”.

            Para acabar pronto: el Marco Civil de la Internet en Brasil, garantiza plenamente la libertad de expresión como uno de sus principios fundamentales.

SUI GENERIS

Pero lo más interesante es que la Ley PLC 21/2014 surge a raíz de las filtraciones sobre espionaje que hiciera Edward Snowden en el caso Wikileaks y en los que se vio involucrada la propia presidenta brasileña, Dilma Rousseff, al igual que mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto (aunque éste, en menor medida).

            ¿Cuál fue la diferencia? Que al parecer, en México provocó una reacción al interior y no de forma global. Mientras Dilma promovió garantías de libertad de expresión para evitar acciones que se interpretaran como espionaje en su país y fuera de él; en México, la reglamentación secundaria de la Reforma de Telecomunicaciones parece estar dirigida a una supresión de la privacidad, con el pretexto de la seguridad nacional y que para nuestra desgracia, se ha entendido como “censura”, cuando ello es el resultado y no la causa.

Hay que decirlo y enfatizarlo: lo que se vive actualmente en México, está alejado de la “censura” como tal, pero no de la protección de datos; rubro que no ha “fluido” en las poderosas redes sociales con la misma importancia que echar pleito al presidente con su #EPNvsInternet.

Porque resulta que, mientras en Brasil se hizo efectiva la protección de la intimidad y los datos personales de los usuarios, restringiéndolos para su uso salvo previo permiso de los propietarios; en México, dichos datos servirían como parte del almacenamiento de información que permita al Estado localizar, indagar y proceder contra quien pudiera ser un “potencial” alterador del orden público.

¿Entonces? ¿Qué esperan los legisladores mexicanos para poner en práctica este criterio regulatorio o, en su defecto, apegarse a la jurisprudencia que sugieren tratados como el recién firmado Convenio de Budapest, en relación a la ciberdelincuencia? ¿Es tan complicado reconocer los avances legales en torno a la interpretación de conceptos que ya no deben ser centralizados por país?

Lastimosamente, México una vez más demuestra que su visión equina es hacia adentro y no hacia el mundo. Pero como siempre: usted tiene la última palabra y ojalá me esté equivocando, pues no se trata de "ser como Brasil"... pero sí de tomar lo mejor de ese y otros países, para el progreso mexicano ¿no cree?

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El incierto andar de un caudillo choleño

Miguel Ángel Gómez Polanco

En aquellos tiempos, el “delfinario” estaba definido y la operación, concluida: ya había contendiente y nadie lo quitaría de ahí. El poder del mandamás en ese momento, era inquebrantable. Si acaso hubo alguna osada, quien tuvo que moverse más allá de su propio entendimiento y, entonces, “quitar” a quien todos veían ya como alcalde, pero que para su infortunio y abruptamente, tendría que esperar tres años más para llegar a este puesto.

            Mientras, más arriba, de la flaqueza salían fuerzas que se confundían con una terquedad sinuosa, pero bien pensada. Ahí estaba el de Soledad de Doblado, queriendo hacer frente a la imposición, consciente de su vasta experiencia, notoria presencia y carisma.

            Pero a Héctor, pocos lo querían y menos fueron los que decidieron aliarse con él. De hecho, algunos de ellos aún continúan sufriendo las consecuencias, insertados en una congeladora que ha tardado en derretirse, desde luego, injustamente.

            Así es esto de la polaca y el que se rebela contra el sistema al que pertenece, se las ve negras (o rojas, en este caso).

            No obstante, llegaría el momento en que el caudillo choleño, el “inquerido”, cedería. Una dirigencia estatal de su partido y la promesa de una curul en el Senado, significaron sus posibilidades de inversión en un tiempo que no era garantía, más que para la ejecución de acciones propias que le recuperaran la confianza tal vez perdida.

            Al llegar a la Cámara Alta, casi de inmediato se haría de una Comisión poco valorada socialmente, pero en el entorno electoral: Protección Civil. Sí: la de los “fondos” que con ironía se “nortean” y luego ni aparecen; la de la retórica del sufrimiento, la de la responsabilidad de ayudar, solucionar; sobre todo en un estado que vaya que ha sentido la carencia a causa de una descuidada cultura de la prevención en relación a los desastres naturales.

            Y hay que decirlo: no lo ha hecho mal. Salvo en 2013, cuando dejó su trabajo legislativo para convertirse en un operador electoral en Baja California, las cosas se le han dado al caudillo choleño, cuyos planes para el 2015 eran –y son- por todas y todos conocidos.

            Entonces llegaría el 22 de agosto del 2013, día en que se modificó –fuera de tiempos agendados y en la discreción total- el Artículo 116 de la Constitución Mexicana, transformando su inciso “E” y, con ello, negando la “exclusividad de registro” a los partidos políticos para con los candidatos en contienda.

Así era: aquel día, se establecieron constitucionalmente las candidaturas independientes, a la espera de ser aprobadas por los Congresos locales. ¿Sería posible que se le siguieran dando las cosas a Héctor?

Sin embargo, hay una línea en Veracruz rumbo a la sucesión gubernamental y no beneficia del todo al caudillo choleño. Pero entre informes y relojes, Héctor no se rinde, incluso, con desafortunadas declaraciones como aquella de los “jicarazos”.

SUI GENERIS

Lo malo para el de Soledad –además de hacerle honor al nombre de su tierra, en su partido- es que en Veracruz aun no se aprueba la modificación constitucional mencionada y esto complica un posible “plan B” para él (si no me cree, pregúntele al “afamado” Candidato Morris) y lo peor: se ve todavía más difícil –o hasta hecho adrede- que se apruebe en un futuro próximo.

Pero Héctor, no se rinde, igual que otros ciudadanos como José Kuri para la alcaldía de Xalapa (éste último, con un modus operandi muy elocuente para ganar adeptos vía redes sociales).

            ¿Qué sigue? ¿Un nuevo aquelarre tricolor se avecina para su elección interna? ¿Qué podría satisfacer al choleño de no lograr ocupar la oficina principal del coso ubicado en la calle Enríquez? ¿Ser el encargado de la política del estado, debajo del que “quede” como gobernador?

            El futuro es incierto para el caudillo más aguerrido que ha tenido Veracruz, pero que siempre ha respetado sus colores… ¿le valdrá de algo?

Ya se verá…pero frenarlo, sinceramente no creo.

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Censurando ¿ando?

Miguel Ángel Gómez Polanco

Vaya lío en el que se encuentra sumergida la nación. Así de complejo y nada práctico se define el “problemón” en el que podrían verse inmersos los intereses de todos y cada uno de los relacionados con el tema de las telecomunicaciones en México y, desde luego, de la sociedad que avanza a pasos agigantados para ascender, de una vez por todas, a una escala 2.0 o digital mediante las tecnologías de la información disponibles.

            Y es justo ahí donde converge el conflicto. Por un lado, el descontrol que representa la denominada “súper carretera de la información” en la praxis tan diversa que otorga la “facilidad” para convertirse en una herramienta de incalculable poder masivo y, por otro lado, la dificultad para evitar que esta cualidad se convierta en un arma con los mismos alcances.

            En este tenor, la comunidad mundial ha entendido que la segunda opción es más probable, incluso como producto de la inherente confusión que puede significar lo primero. Es por ello que nacen iniciativas que intentan buscar la colaboración internacional para identificar características potencialmente replicables respecto a lo que se denomina ciberdelincuencia.

            Una de ellas es el conocido como Convenio de Budapest: trato impulsado por el Consejo de Europa que, entre sus objetivos más claros, se encuentra el combate de la delincuencia cibernética a través de un marco jurídico global y definido, producto de las circunstancias que presenta cada país del mundo en el tema y a manera de enriquecimiento jurisprudencial.

            Recientemente, México ha firmado su inclusión en este convenio y, al respecto, es ineludible que se generen dudas sobre el propósito que lo originó.

            En plena discusión y recta final sobre la legislación secundaria de la Ley de Telecomunicaciones, han surgido voces que argumentan una presunta anticonstitucionalidad en varios de los puntos que involucra esta reforma.

            Para mayor claridad, dejemos a un lado conceptos como “preponderancia” o “simetrías tarifarias” y vayamos al punto que da sentido a este panfleto: la censura y su porqué.

           El artículo Sexto de la Constitución Mexicana es tajante:  

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público y (…) Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

            Asimismo, el artículo Séptimo indica:

 “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones y (…) Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución”.

Partamos de lo anterior para cotejar los argumentos que, muy al estilo magisterial-cntista ya se cuelan como “arma” controversial en pos de la descalificación… aunque –hay que decirlo- quizás haya algo de cierto en ello.

Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana para el Derecho a la Información (Amedi) asegura que en el artículo 145 de la Iniciativa de legislación secundaria (referente a los concesionarios) violenta los artículos Sexto y Séptimo de la Constitución, pues estipula que “(los concesionarios) podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad". La pregunta es ¿a qué “autoridad” se refiere el texto y quiénes califican como usuarios? He ahí la primera confusión (cabe destacar, compartida por la senadora perredista Dolores Padierna).

Algo similar contiene el artículo 197, inciso III, pues afirmaría que el concesionario podrá “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”, sólo que aquí, en estricta coherencia constitucional, se aborda el tema acorde con el artículo Sexto de nuestra Carta Magna, en alusión a la alteración del orden público (en el supuesto de que esté claro lo que esto significa).

El caso es que, igual que como sucedió en su momento con las leyes secundarias de la reforma educativa, el enfoque técnico-jurídico del lenguaje utilizado en los documentos, dista de aclarar el sentido con el cual deben ser interpretados, por lo menos hasta ahora, que no han sido aprobadas las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones.

En este sentido y tratándose de un tópico de orden global como la Internet, valdría la pena cuestionarse si es precisamente la adhesión de México en el Convenio de Budapest el resultado de esta ambigüedad de términos jurídicos que, al parecer, ni el propio Poder Legislativo entiende o quiere dar a entender, pues contando con un marco jurídico estandarizado –y también global- que abarque la cibercriminalidad junto con términos constitucionales-mexicanos relacionados con el tema, podría fortalecerse el trabajo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para sancionar las faltas que de la Ley Telecom deriven ¿o no?

Pero por lo visto, el “chiste” es confundir (¿o confundirnos?) entre “la gimnasia y la magnesia”, sin que exista todavía una conclusión legal en este respecto.

SUI GENERIS

Si bien es cierto que existen puntos de la reforma telecom que causan escozor en la sociedad y, sobre todo, en la libertad publicitaria a la que tendrán acceso los medios que no se consideren preponderantes; hay un tema que resulta todavía más delicado y muy aventurado, tomando en cuenta que una nación de primer mundo como Estados Unidos acaba de pasar –o sigue pasando- por otro “problemón” parecido: la privacidad y su control.

            Y es que los artículos 190, 192 y 194 del documento, incluyen enunciados como “las autoridades facultadas, por la ley ejerzan el control y ejecución de la intervención de las comunicaciones privadas”, o bien, “los concesionarios de telecomunicaciones, y en su caso, los autorizados, están obligados a conservar un registro y control de comunicaciones”, los cuales estarían dando forma a una invasión a la privacidad poco convencional y alejada a la que las autoridades, por razones de seguridad nacional, pueden ejercer. Es decir: se le estaría dando a este tipo de “invasión” a la privacidad un enfoque constitucional para justificarla.

            No obstante, la conclusión es la misma: quedan pocos días parta que esta reforma –que muy probablemente pasaría fast track, a pesar del rechazo de la bancada perredista- sea aprobada y, entonces sí, veríamos si el Convenio de Budapest, las restricciones y la mermada autonomía del IFT, podrán hacer valer este marco jurídico actual, que se ve confuso por donde quiera.

            Mientras ¿qué nos toca a las y los mexicanos? ¿censurar contenidos de la reforma que no han sido completamente aterrizados o prepararse para una posible revolución “censuradora” mediante una herramienta en constante crecimiento en nuestro país, como la Internet?

            Seguramente adivinó: usted tiene la última palabra.

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Ser o no ser un criminal… ¿esa es la cuestión?

Miguel Ángel Gómez Polanco

El problema, como siempre, es de interpretación. Así se maneja la retórica política en México -principalmente-, pero a la sociedad nos encanta ver moros con tranchete y esconder algunas de nuestras banales frustraciones, haciéndonos los ofendidos.

Otro problema, también, son los intereses electorales de las fuerzas políticas, elemento donde radica el lenguaje que utilizan y cómo lo capta la gente. Ahora dicen, por ejemplo, que la nueva Ley del Deporte (antiviolencia en estadios) "no criminaliza al aficionado", esto, con tal de no ser víctimas de la opinión pública al sentirse "agredida" con algún adjetivo mal utilizado.

Pero, estimada y estimado lector, entonces ¿de qué otra manera se les puede llamar a esos seudo aficionados que provocan y ejercen la violencia en los estadios? ¿No son unos criminales?

Y es que, como dice Felipe Guerra: “En segundos, el aficionado, deformado en fanático, cambia drásticamente su estado de ánimo y su carácter: alegría, tristeza, impotencia, frustración, coraje; se va tornando agresivo y el cúmulo de reacciones adversas, e inclusive positivas, provocan la histeria estallando la violencia”, y eso no es producto precisamente de la intensidad con la que se vive un encuentro futbolero.

O sea, ¿todo es interés?, ¿de triunfar, de burlarse; adquirir un falso poder que neutraliza el sentir humano y muta para convertirse en una conducta instintiva? Porque de ser así, entonces el futbol y el deporte, en general, no son más que factores contextuales.

Vamos, en todas partes lo vivimos. ¿O qué, ya no se acuerdan nuestros legisladores de las grescas que protagonizan en recintos oficiales? No nos vamos lejos, por ejemplo: aquella del 18 de marzo pasado, cuando se aprobó la Ley de Pensiones, donde se dio luz verde al Seguro de Desempleo y la Pensión Universal (ambos, garantizados con remanentes de otras instancias, como el Fondo de Vivienda para los Trabajadores). Buenos guamazos los que se dieron ahí, sin balones, pero sí con las playeras de sus “equipos” más que puestas y muy pocas coincidencias.

Pero la violencia no es únicamente de trancazos, señoras y señores diputados, algo que seguramente desconoce su compañero y “digno” representante popular, Antonio García Cornejo, sí, aquel que se desprendió de su ropa en diciembre de 2013 para reclamar por la reforma energética, haciendo (según él) una alegoría de “cómo despojaría dicha modificación constitucional a los mexicanos”, respecto al petróleo.

¿No les digo? El problema es retórico.

El crimen y la violencia han adquirido un nuevo perfil en nuestro país: no es sólo la violencia lo que justifica al criminal, también lo es la actitud con la que se asumen las cosas… seas o no un golpeador profesional.

¿Acaso la corrupción no es un acto criminal? ¡Ah! Pero pareciera que este concepto culturalmente arraigado por todas y todos los mexicanos, sirve de redención a quienes representan al pueblo y los incitan a evadir realidades propias y de quienes los llevaron ese puesto, cuidando su “lenguaje” para no herir –irónicamente- susceptibilidades que se traduzcan en una menor cantidad de votos.

En todos lados “se cuecen habas”. Dirigentes acusados de encabezar redes de prostitución, expresidentes que abren la boca para cínicamente decirle al ciudadano lo mucho que sabía y lo más que se calló; legisladoras que “heridas” al nacer con un nombre que no les gustaba, se lo cambian para “sonar más bonito” en tribuna… Y así, el hecho es violentar la paz, pero sobre todo. el descuidado entendimiento de las y los mexicanos.

SUI GENERIS

Total que ni a cuál irle. Unos queriendo tapar el sol con un dedo, moderados y con un lenguaje insuficiente, en lugar de procurar no generalizar sus conceptos; como si los hubiera educado “El Tigre” Azcárraga con su “televisión para jodidos”. Mientras, otros ofendiéndonos y despepitando hasta por lo que no comemos, porque “el Gobierno tiene la culpa” y teniendo como máximas referencias de análisis herramientas como… ¿las redes sociales? ¡Válgame!

            Prudencia. Ése debería ser nuestro “problema”: excedernos en la prudencia. Ser o no ser un criminal está en cada quién, no en lo que diga una Ley. Lo de los estadios y la afición no se arregla con “leyes” que entamben a los rijosos, sino con la generación de un ambiente que propicie la sana convivencia, que depende de todas y todos. Pero ¿quién se avienta este paquete?

¿O ya tampoco nos acordamos que cierta “guerra” en México no era tal y nos convirtió en histéricos pasivos?

            Prudencia, y quizás coincidencias, es lo que necesitamos.

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