miércoles, 28 de agosto de 2013

¿Fin del monopolio partidocrático?

Miguel Ángel Gómez Polanco

El 18 de julio del año 2012 sentó un importante precedente democrático en México, que si bien resulta engañoso por el limitado abanico de oportunidades que representa en la actualidad, pone a la sociedad mexicana en un plano de alternativa política que recientemente tuvo antecedentes cuya naturaleza aspiracional, podría  derivar en una organización nunca antes vista electoralmente: la Reforma Política era avalada por la Cámara de Diputados y entraría en período de revisión en el Senado.
            Un año más tarde y ya cocinada la elección presidencial en la que Enrique Peña Nieto y el PRI enfrentaron la dura conciencia colectiva, cada vez más madura y representativa en el entorno electoral; dicha revisión ha concluido en la aprobación de las candidaturas independientes por parte del Senado de la República, el pasado 22 de agosto, mediante la modificación del Artículo 116 de la Constitución Mexicana (transformando su inciso “E” y, con ello, la “exclusividad de registro” de los partidos políticos para con los candidatos en contienda) y de conformidad con lo expresado en otro de éstos, el 35, donde desde la Reforma Política del año 2011 se establecían las candidaturas independientes, pero no se especificaba el marco en que podían presentarse.
            Así pues, todo queda de la siguiente manera: (Las constituciones y las leyes de los estados en materia electoral garantizarán que) se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución.
            Sin embargo, este paso trascendental en la vida política de nuestro país, al parecer y como he mencionado, quizás se presente en un momento poco idóneo, debido a que la coyuntura estructural por la que trasiega la nación, va en otro orden de ideas acaparan el interés, consignas, acuerdos y desacuerdos.
Entre energéticas, educativas y hacendarias, las expresiones dan forma a un contexto todavía lejano del que, diría mi abuelo, “es el meollo del asunto”, si consideramos que el parte aguas de todo esto es precisamente la elección de quienes nos gobiernan.
            Como es sabido, próximamente habrá también cambios constitucionales en el tema electoral, cuya finalidad será -por lo menos en teoría- atar los cabos sueltos de un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales mocho, con graves vicios (sobre todo en las directrices de fiscalización y transparencia por parte de las instituciones políticas que hasta la fecha siguen aprovechando para su beneficio) y, desde luego, la centralización de las funciones comiciales, eliminando a los órganos locales para crear el Instituto Nacional de Elecciones, conservando su autonomía.
La pregunta es: ¿realmente está preparada la sociedad para ejercer a plenitud su derecho de “votar y ser votado”? o ¿contará con los recursos necesarios, económicos y hasta emocionales (por aquello de la confianza), para lanzarse a “la guerra por el sufragio” y enfrentar los trucos, las estrategias sistemáticas y la tradición corruptible de los procesos por el poder, como una elección; ya sea local o federal?


SUI GENERIS

Seguramente el Candigato Morris, el Burro Chon y cuanto invento subversivo y de pedante insurgencia saltarán de la alegría con esta aprobación ¿y sabe qué? No sabe cuánto me preocupa.
La información de este tipo es manejada ya ni siquiera a conveniencia, sino con completa superficialidad mediática, incluso tratándose de modificaciones constitucionales que otorgan o maximizan los derechos con los que contamos con nuestra simple ciudadanía.
            La responsabilidad está en la sociedad para conocer los términos en los que reposa la calidad cuantitativa de una supresión aplicada al inciso “E” del Artículo 116 Constitucional y dejar de lado el aspecto cualitativo que desde el año 2011 existía pero no había sido explorado, pues a partir de ahora ya cuentan los nombres y las veces que sean votados. Ya no será sólo un “espacio en blanco” para apuntar por quién emitimos nuestro sufragio; podremos registrar a quien más nos convenga y apoyarla o apoyarlo.

            Un cambio de este tipo requiere de quien le pertenece; la ciudadanía, instituciones y quien lo regula. Llevará tiempo, por ello es de suma importancia saber más y dejar, de una vez por todas, la tradición latinoamericana del “no sé, no puedo” y convertirlo en un “ya sé y me cumples”, como dijeran por ahí, “con los pelos de la burra en la mano”.




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