Miguel Ángel Gómez Polanco
La demagogia es fácil de identificar:
su respuesta siempre es circunstancial (o coyuntural, según sea la apreciación)
y aparece cuando la opinión pública ebulliciona, se altera y vamos: se informa.
Justo
ahí radica la conexión con el panfleto de esta semana, en el que el vínculo
entre información, ciudadanía y demagogia, actualmente juega un papel
determinante para el país y, específicamente, para Veracruz.
De
acuerdo con la “Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa” de Reporteros sin Fronteras; México es el
país más peligroso, no solo de América Latina, sino de todo el continente para
ejercer el periodismo. Hasta la última medición de este órgano (Febrero 2015),
nuestro país ocupa el lugar 148 de 180 países.
De
igual forma, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha reconocido que
el 89 por ciento de agresiones contra periodistas siguen en completa impunidad.
¿Y
Veracruz? Bueno, usted ya debe saberlo. En este estado, las cosas están
delicadas y ello es corroborado por datos de otras instancias como Artículo 19, cuyo reporte (al 31 de
julio de 2015) era no menos aterrador: 37 periodistas desplazados de Veracruz
por amenazas que se atribuyen al crimen organizado, gobierno estatal y a hasta
a los gobiernos municipales. De hecho, la CNDH cataloga al estado como el más
peligroso para el periodismo, con una incidencia de agresiones de 14.9 por
ciento.
Pero lo
preocupante, quizás, no son las alarmantes cifras que continúan provocando temor
del gremio y escozor de la sociedad, sino las medidas para erradicar este mal.
Por ejemplo: su burocratización, con una suerte de finalidad para “institucionalizarlo”
y atraer el oficialismo a la labor periodística, mediante la creación de una “Comisión”
que hasta ahora, no ha dado el mínimo de resultados para reforzar la confianza
entre quienes ejercen este humilde y loable oficio.
Y la tendencia
sigue, esta vez, con la celebración de un “convenio” con el Mecanismo Federal
de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodista de la
Secretaría de Gobernación, el cual pretende renovar los protocolos de
prevención y defensa de las y los comunicadores en general, en lo que pareciera
un nuevo intento –y demagógico, desde luego- de alinear al periodismo con la
pragmática informativa que distingue los
países autoritarios, totalitaristas.
Así
pues, la dichosa signatura (que consta de 13 “acciones”, contenidas en un documento
de 39 páginas y como parte del denominado “Diagnóstico sobre la situación de
las y los periodistas en el estado de Veracruz. Alerta temprana y plan de Contingencia”)
pretende, ante todo, “respetar la libertad de expresión y evitar la estigmatización
mediante señalamientos incriminatorios”, así como activar protocolos que den
seguridad, sea cual sea la tendencia de las publicaciones.
Cabe
destacar que el diseño de este programa, data del 18 de septiembre de 2012,
cuando la Comisión Especial para la Atención y Protección de los Periodistas de
Veracruz, acordó con la Federación su creación.
Asimismo,
desde su puesta en marcha, el Mecanismo ha dado protección a 183 periodistas,
siendo Veracruz la segunda entidad –según el documento- con mayor número de
protegidos (18.5 por ciento); solo por debajo del Distrito Federal (24.5 por
ciento).
Sin
embargo, en Veracruz simplemente no se da eso de proteger a los periodistas y
la Federación por fin lo entendió, decidiendo tomar cartas en el asunto, aunque
no quede claro con qué objetivo.
Y es
que la lectura de este acontecimiento es, quizás, otra más sencilla pero bien
disfrazada: cuando la autoridad pertinente se vuelve incompetente, debe entrar
en acción (o ser rescatada por) la conducente.
Lo
cierto es que, paradójicamente, de “temprana” esta alerta ya no tuvo nada después
de 15 periodistas muertos y un proceso electoral en puerta; éste último, en el
que se necesita la obvia y urgente “colaboración” de muchos –si no todos- de
las y los dedicados a la labor informativa, que requieren al menos, sentirse
protegidos.
¿Será
suficiente?
SUI
GENERIS
Uno de los nueve puntos incluidos
en las 13 acciones del mecanismo para Veracruz, contempla la creación de un “Mapa
de Riesgos” para detectar problemáticas de violencia contra el periodismo.
En este contexto, vale la pena destacar que dicho modelo
ha sido aplicado en Europa con buenos resultados en el rubro de la prevención
de la violencia, mediante la plataforma Mapping
Media Freedom; lanzada en 2014 por la organización sin fines de lucro Index on Censorship (creada, a su vez,
en 1972 por Stephen Spender; poeta e hijo del periodista británico Harold
Spencer).
No obstante, la desconfianza y preocupación del gremio en
México y específicamente en Veracruz, es que esta iniciativa surge por parte de
las autoridades que han sido señaladas, precisamente por varias ONG y los
mismos comunicadores, como las responsables de los ataques.
Aunado a lo anterior, se sabe que en el caso de Index on Censorship, uno de los
principios fundamentales para generar certidumbre en la protección es trabajar
paralelamente con la autoridad, pero conservando la autonomía como agrupación
para reducir el margen de censura que pueda derivar ante el manejo “no
conveniente” a los intereses del gobierno.
Por lo anterior, la pregunta queda en el aire: si en
México –y ni qué decir Veracruz- las pocas organizaciones defensoras de los
derechos de los periodistas han sido aisladas en “rediles” separados, entonces
¿es esta alterativa de mecanismo la buena o simplemente la mencionada burocratización
del periodismo escaló al ámbito federal?
POST-IT:
Según un estudio de la
encuestadora Parametría, 52 por
ciento de los mexicanos asegura que es “nada probable que un político en México
tuviera que renunciar a su puesto para enfrentar acusaciones por prácticas
corruptas”, mientras que el 27 lo consideró poco probable.
De ese
tamaño es la “confianza” en las instituciones en México, en el rubro de la
impartición de justicia y combate a la corrupción… por más que se firmen “convenios”
impregnados, sí: de demagogia.
Facebook: Miguel Ángel Gomez Polanco
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