Y se acabo el recreo…

Miguel Ángel Gómez Polanco

México no puede estancarse más. Es imposible que el 83.1 por ciento del presupuesto para educación sean para sueldos de los profesores. Es impermisible que el 87.2 por ciento del gasto en educación primaria se asigne a remuneraciones de los maestros, con lo cual se convierte en el porcentaje más alto de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Dicen que “no todo les llega” y quizás tengan razón: hay mafias en su interior que se atoran a quien pueden, eso es indudable.

México debe transformarse con un nuevo esquema que comenzará desde ceros. Por eso cuesta trabajo entenderlo. Por eso olvidamos que esta tradición sistemática no es de hoy; es desde la revolución, cuando los campesinos fueron capacitados para proveer educación a sus hijos, y los hijos de los demás, a cambio de “agacharse” con el gobierno; sí, es mismo que ahora quiere cambiar las cosas y que si vivieran, enfrentaría a Plutarco Elías Calles y José Vasconcelos nuevamente.

Seamos fríos; las cosas no cambian en lo general. El sindicato más poderoso de Latinoamérica da nombre con sus siglas a un gremio desprestigiado, prostituido, desorientado. Dicen: “el magisterio no es el SNTE ni la CNTE, somos más que eso” y también tienen razón. Lamentablemente es ese sindicalismo el que ha vendido la labor y, a la vieja usanza, continúa agachándose. Quienes no lo hacen y mal aprenden del poder, se los lleva el carajo.

Ahí está Elba; ahí estuvo Jongitud; éste último, removido por presión de la propia CNTE en 1989, al representar un obstáculo de progreso pero partidista, porque en aquellas negociaciones la intención era la misma: mantener ignorante al pueblo. No por nada fueron precisamente Oaxaca, Guerrero y Michoacán los estados donde se aplicaron aquellas exigencias; entidades que hoy por hoy, son las más representativas del atraso educativo del país, junto con Veracruz y Chiapas, donde el IPE (Índice de Progreso Educativo) es el más bajo y de donde emergen las principales movilizaciones y paros en este momento.

Así es, inteligente lector: las cosas no cambian en lo general. Los cotos del poder magisterial que controlan a la educación en México, no se disolverán: se unificarán de forma perversa, por temor a ser “descubiertos” y, diría mi abuela, ajusticiados por la autoridad federal y la opinión pública.

¿Qué tenemos que hacer? Empecemos cambiando en lo particular. El mexicano es temeroso por naturaleza y cómodo por convicción. ¿Para qué arriesgarnos? Decimos. Pero los indicadores mundiales de educación nos tienen empinados y nos posicionan como economía emergente de potencial cuestionable, debido a los escasos resultados en la preparación de cada generación sobre las oportunidades que brinda el mercado global.

¿O qué? ¿Le gustaría tener un presidente cuyo máximo logro de lectura es la Biblia y un libro de autoría confusa, que exhiba su penosa preparación en ferias de libros a nivel mundial? A mí, no (otra vez).

México tiene que transformarse, empezar de nuevo. No podemos continuar en una lucha de "derecho contra derecho". Hay un cimiento en todo esto y es lo anticuados que estamos en el rubro en común que es la educación, precisamente.

Eso sí: la CNTE representa históricamente la unión; utilicémoslos de ejemplo para buscar -y encontrar- la anhelada transición que no ha llegado hasta ahora y que ha concluido en que nos conformemos con alternancias de contubernio entre partidos neoliberalistas y de derecha, no obstante que ambos conceptos tienen un estrecho margen de diferencia. Pero ¿lo sabemos?

SUI GENERIS

¡Que se respeten los derechos de los maestros! Y los nuestros también, considerando que la educación en México tiene un valor de 6.8, alcanzando en la calidad el mayor punto de rezago, según el estudio Progreso Educativo 2008-2012 del Instituto de Innovación Educativa, del Tecnológico de Monterrey.

Imagínense: de acuerdo con el mismo trabajo, hay un mínimo 22 mil 353 comisionados sindicales que cuestan mil 727 millones de pesos anuales; todos ellos, pertenecientes al sindicato más poderoso de América Latina, el SNTE. ¿Cuál minoría, entonces?

Por esta y más razones, una vez aprobada la Ley General de Servicio Profesional Docente y antes de enojarnos, tengamos presente que los niveles educativos en México requieren de un sacrificio sobrehumano para reivindicar el liderazgo del magisterio en lo general. Los derechos de un gremio que desde la Revolución Mexicana aprendió a ser el compinche del gobierno son un grave lastre para épocas globales que exigen mayor y mejor ciudadanía, por lo que un cambio en su sistema costará trabajo, pero se tiene que hacer.

Esto no es una Reforma Educativa, sino Laboral, con la finalidad de sentar bases similares a las que han adquirido países con un mayor crecimiento económico que propicie la debida inversión en la educación que los ha hecho grandes naciones, en poco tiempo.

Acoplarse a nuevos lineamientos administrativos y de evaluación, insisto, no será fácil. Pero también repito: se tiene que hacer, por lo menos para aspirar a la vanguardia educativa a la que deben estar sujetos sus pilares: los profesores; particularmente de la educación básica.

Dicen que el magisterio no tiene siglas, pero las siglas definen al gremio más descuidado del país... por sus propio sector. Preparémonos para acabar con este paradigma... porque el recreo se acabó.

ABRÓN

Dice el spot de Peña Nieto que países como Noruega "han reformado sus sistemas educativos" como lo hace México. El "detalle" es que según PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes), el país nórdico también lidera las evaluaciones internacionales, posee el mayor índice de lectura de periódicos de Europa y es uno de los que cuentan con los más bajos, léalo bien: los más bajos niveles de corrupción junto con Finlandia (primer lugar en sustentabilidad económica y educativa) y Suecia… ¡Abrón!

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¿Fin del monopolio partidocrático?

Miguel Ángel Gómez Polanco

El 18 de julio del año 2012 sentó un importante precedente democrático en México, que si bien resulta engañoso por el limitado abanico de oportunidades que representa en la actualidad, pone a la sociedad mexicana en un plano de alternativa política que recientemente tuvo antecedentes cuya naturaleza aspiracional, podría  derivar en una organización nunca antes vista electoralmente: la Reforma Política era avalada por la Cámara de Diputados y entraría en período de revisión en el Senado.

            Un año más tarde y ya cocinada la elección presidencial en la que Enrique Peña Nieto y el PRI enfrentaron la dura conciencia colectiva, cada vez más madura y representativa en el entorno electoral; dicha revisión ha concluido en la aprobación de las candidaturas independientes por parte del Senado de la República, el pasado 22 de agosto, mediante la modificación del Artículo 116 de la Constitución Mexicana (transformando su inciso “E” y, con ello, la “exclusividad de registro” de los partidos políticos para con los candidatos en contienda) y de conformidad con lo expresado en otro de éstos, el 35, donde desde la Reforma Política del año 2011 se establecían las candidaturas independientes, pero no se especificaba el marco en que podían presentarse.

            Así pues, todo queda de la siguiente manera: (Las constituciones y las leyes de los estados en materia electoral garantizarán que) se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución.

            Sin embargo, este paso trascendental en la vida política de nuestro país, al parecer y como he mencionado, quizás se presente en un momento poco idóneo, debido a que la coyuntura estructural por la que trasiega la nación, va en otro orden de ideas acaparan el interés, consignas, acuerdos y desacuerdos.

Entre energéticas, educativas y hacendarias, las expresiones dan forma a un contexto todavía lejano del que, diría mi abuelo, “es el meollo del asunto”, si consideramos que el parte aguas de todo esto es precisamente la elección de quienes nos gobiernan.

            Como es sabido, próximamente habrá también cambios constitucionales en el tema electoral, cuya finalidad será -por lo menos en teoría- atar los cabos sueltos de un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales mocho, con graves vicios (sobre todo en las directrices de fiscalización y transparencia por parte de las instituciones políticas que hasta la fecha siguen aprovechando para su beneficio) y, desde luego, la centralización de las funciones comiciales, eliminando a los órganos locales para crear el Instituto Nacional de Elecciones, conservando su autonomía.

La pregunta es: ¿realmente está preparada la sociedad para ejercer a plenitud su derecho de “votar y ser votado”? o ¿contará con los recursos necesarios, económicos y hasta emocionales (por aquello de la confianza), para lanzarse a “la guerra por el sufragio” y enfrentar los trucos, las estrategias sistemáticas y la tradición corruptible de los procesos por el poder, como una elección; ya sea local o federal?

SUI GENERIS

Seguramente el Candigato Morris, el Burro Chon y cuanto invento subversivo y de pedante insurgencia saltarán de la alegría con esta aprobación ¿y sabe qué? No sabe cuánto me preocupa.

La información de este tipo es manejada ya ni siquiera a conveniencia, sino con completa superficialidad mediática, incluso tratándose de modificaciones constitucionales que otorgan o maximizan los derechos con los que contamos con nuestra simple ciudadanía.

            La responsabilidad está en la sociedad para conocer los términos en los que reposa la calidad cuantitativa de una supresión aplicada al inciso “E” del Artículo 116 Constitucional y dejar de lado el aspecto cualitativo que desde el año 2011 existía pero no había sido explorado, pues a partir de ahora ya cuentan los nombres y las veces que sean votados. Ya no será sólo un “espacio en blanco” para apuntar por quién emitimos nuestro sufragio; podremos registrar a quien más nos convenga y apoyarla o apoyarlo.

            Un cambio de este tipo requiere de quien le pertenece; la ciudadanía, instituciones y quien lo regula. Llevará tiempo, por ello es de suma importancia saber más y dejar, de una vez por todas, la tradición latinoamericana del “no sé, no puedo” y convertirlo en un “ya sé y me cumples”, como dijeran por ahí, “con los pelos de la burra en la mano”.

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#ReformaEnergéticaSí, pero...

Miguel Ángel Gómez Polanco

En aquella ocasión, desempleado, buscaba oportunidad casi en lo que fuera –y sí, “casi”; para no echar a perder la opción y, con ello, el negocio de quien me contratara, por no saber, como dicen, “a qué le tiraba” -. Un buen amigo me dijo: “manda tus papales a la dirección que te daré y te entrevistarán. Hay gente de Pemex contratando eventuales”. No se lo creía. y contesté, con espasmo: “Pero yo de la industria petrolera sé lo que algunos políticos de gobernar ¿no importa?” a lo que mi entrañable compañero –quien por cierto, ya trabaja ahí y es médico- me contestó: “no hay problema, no importa”.

            En ese momento confirmé mis incipientes sospechas: a Pemex le vale un carajo la profesionalización de sus empleados; sindicalizados o no.

            Fue entonces cuando me dediqué a perder el tiempo de manera más productiva e indagué los términos en que trabajan los “privilegiados”, como muchos los llaman, centrándome en el insufrible régimen que desde 1996 comenzó, cuando Carlos Romero Deschamps sustituyó a Sebastián Guzmán en la dirigencia del sindicato más corrupto y corruptible de México y que, junto con el SNTE y derivados, tienen a dos de los temas imperantes en el país al borde del colapso. Ahí le va por qué:

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana cuenta con poco más de 150 mil empleados, quienes a nivel gremial reciben la nada despreciable cifra de 65 mil dólares al día por conceptos de producción. Estos se suman a los jubilados y de confianza, para dar un total de 208 mil 162 personas.

            Además, dentro de su estructura destinan cerca de 136 millones de pesos para varias de sus “necesidades”, como “ayuda” para gastos por los festejos del Desfile del 1ero de Mayo y el Aniversario de la Expropiación Petrolera, así como costos de contratación, digamos, “exigidos”, por el Contrato Colectivo de Trabajo que a su vez, representa la absorción de aproximadamente el seis por ciento de los ingresos totales de Petróleos Mexicanos.

            Una vez aterrizada la idea, me permito mencionar que me negué rotundamente a trabajar en Pemex o siquiera mandar mis documentos; eso sí, agradeciendo a mi amigo por el ofrecimiento. La razón era sencilla: trabajando ahí ¿cómo reclamar el ultraje a una supuesta soberanía que de 1938 se ha visto prostituida por intereses muy particulares?

            La situación de una paraestatal que, como bien lo señala el rotativo inglés The Economist, “no es vista como una empresa con fines de lucro”, sino como un cochinito de ahorros sin fondo (sic), debe someterse a la revisión y consenso sociopolítico para determinar qué es lo que realmente le hace falta; aunque una cosa sí es segura: reformarla constitucionalmente, no tiene que ver con ello.

            Es impermisible que con el ventajoso estatus que guarda un sindicato a  todas luces chueco, con una presencia tumultuaria en el Consejo de Administración que decide qué hacer con Pemex y sus dineros; donde de 15 representantes, una tercera parte les pertenezca (sólo uno menos que la representación del Ejecutivo, que tiene seis, entre los secretarios de Hacienda, Economía, Energía y tres subsecretarios), siga existiendo un grado de opacidad obsceno que ya roza los niveles constitucionales al querer reformar los artículos 27 y 28, absolviéndolos y, como dijera la activista Rocío Nahle García, entrevistada por Ángel Ramos Trujillo: “para dejar como legal todo lo ilegal que hacen ahora”.

            Tatito sentido común para entender que una de las petroleras más grandes del mundo, cuyo valor supera los 460.5 millones de dólares; deba comenzar por reinventarse administrativamente y limitar a un sindicato que más que eficiencia, representa votos y desvíos de recurso como aquel del “Pemex-gate” en el año 2000, protagonizado precisamente por Romero Deschamps.

            Tantito sentido común para entender que el petróleo en México dejó de ser “soberano” hace mucho tiempo y que lo que se debe defender es la manera en que se administra, con o sin inversión privada, pero que de haberla, reformar la Carta Magna dista del cometido si no existe una debida distribución de los ingresos y candados que tendrían quienes le inyecten dinero a una paraestatal que está del mismo color que el crudo: negra, negra.

SUI GENERIS

Otros gremios como el del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana manifiestan su descontento con la iniciativa de Reforma Energética propuesta por el Ejecutivo Nacional, aduciendo errores en las políticas de gobierno en el entorno energético.

            En un mensaje dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, desglosan una numerología importante, similar a la que presenta Pemex y que a continuación intentaré simplificar: del cien por ciento de subsidios que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sólo aproximadamente el 40 por ciento es reintegrado a la Comisión Federal de Electricidad. De esto, se descuentan las pérdidas reportadas por el mismo ente, las cuales dejan una utilidad de la tercera parte para todo lo relacionado con infraestructura, capacitación y actividades de la Comisión.

            Si bien es cierto que este manejo también debe ser revisado, recordemos que es la Secretaría de Hacienda la que, como parte del Consejo de Administración de Pemex, retira casi el 50 por ciento de su ganancia, en lugar de elaborar esquemas de recaudación que colaboren con el fortalecimiento de la paraestatal y no desfalcarla junto con lo que se apropia el STPRM.

Es ahí donde toma sentido la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien en las 12 líneas de acción que plantea, promueve la separación (que bien pudiera ser, incluso, por lo menos una limitación) de dicho sindicato y la SHCP del Consejo de Administración, con la finalidad de que sean ellos la pieza clave para administrar los recursos tributaria y laboralmente con mayor transparencia. ¿Alcanzará?

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