¿Fin del monopolio partidocrático?

Miguel Ángel Gómez Polanco

El 18 de julio del año 2012 sentó un importante precedente democrático en México, que si bien resulta engañoso por el limitado abanico de oportunidades que representa en la actualidad, pone a la sociedad mexicana en un plano de alternativa política que recientemente tuvo antecedentes cuya naturaleza aspiracional, podría  derivar en una organización nunca antes vista electoralmente: la Reforma Política era avalada por la Cámara de Diputados y entraría en período de revisión en el Senado.

            Un año más tarde y ya cocinada la elección presidencial en la que Enrique Peña Nieto y el PRI enfrentaron la dura conciencia colectiva, cada vez más madura y representativa en el entorno electoral; dicha revisión ha concluido en la aprobación de las candidaturas independientes por parte del Senado de la República, el pasado 22 de agosto, mediante la modificación del Artículo 116 de la Constitución Mexicana (transformando su inciso “E” y, con ello, la “exclusividad de registro” de los partidos políticos para con los candidatos en contienda) y de conformidad con lo expresado en otro de éstos, el 35, donde desde la Reforma Política del año 2011 se establecían las candidaturas independientes, pero no se especificaba el marco en que podían presentarse.

            Así pues, todo queda de la siguiente manera: (Las constituciones y las leyes de los estados en materia electoral garantizarán que) se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución.

            Sin embargo, este paso trascendental en la vida política de nuestro país, al parecer y como he mencionado, quizás se presente en un momento poco idóneo, debido a que la coyuntura estructural por la que trasiega la nación, va en otro orden de ideas acaparan el interés, consignas, acuerdos y desacuerdos.

Entre energéticas, educativas y hacendarias, las expresiones dan forma a un contexto todavía lejano del que, diría mi abuelo, “es el meollo del asunto”, si consideramos que el parte aguas de todo esto es precisamente la elección de quienes nos gobiernan.

            Como es sabido, próximamente habrá también cambios constitucionales en el tema electoral, cuya finalidad será -por lo menos en teoría- atar los cabos sueltos de un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales mocho, con graves vicios (sobre todo en las directrices de fiscalización y transparencia por parte de las instituciones políticas que hasta la fecha siguen aprovechando para su beneficio) y, desde luego, la centralización de las funciones comiciales, eliminando a los órganos locales para crear el Instituto Nacional de Elecciones, conservando su autonomía.

La pregunta es: ¿realmente está preparada la sociedad para ejercer a plenitud su derecho de “votar y ser votado”? o ¿contará con los recursos necesarios, económicos y hasta emocionales (por aquello de la confianza), para lanzarse a “la guerra por el sufragio” y enfrentar los trucos, las estrategias sistemáticas y la tradición corruptible de los procesos por el poder, como una elección; ya sea local o federal?

SUI GENERIS

Seguramente el Candigato Morris, el Burro Chon y cuanto invento subversivo y de pedante insurgencia saltarán de la alegría con esta aprobación ¿y sabe qué? No sabe cuánto me preocupa.

La información de este tipo es manejada ya ni siquiera a conveniencia, sino con completa superficialidad mediática, incluso tratándose de modificaciones constitucionales que otorgan o maximizan los derechos con los que contamos con nuestra simple ciudadanía.

            La responsabilidad está en la sociedad para conocer los términos en los que reposa la calidad cuantitativa de una supresión aplicada al inciso “E” del Artículo 116 Constitucional y dejar de lado el aspecto cualitativo que desde el año 2011 existía pero no había sido explorado, pues a partir de ahora ya cuentan los nombres y las veces que sean votados. Ya no será sólo un “espacio en blanco” para apuntar por quién emitimos nuestro sufragio; podremos registrar a quien más nos convenga y apoyarla o apoyarlo.

            Un cambio de este tipo requiere de quien le pertenece; la ciudadanía, instituciones y quien lo regula. Llevará tiempo, por ello es de suma importancia saber más y dejar, de una vez por todas, la tradición latinoamericana del “no sé, no puedo” y convertirlo en un “ya sé y me cumples”, como dijeran por ahí, “con los pelos de la burra en la mano”.

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Supositorios políticos

Miguel Ángel Gómez Polanco

Veracruz se ha convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno Federal. Las elecciones federales pasadas, perdidas; el Sedesol-gate, "visitas incómodas" e inclusión de panistas de arrabal, y un PRD envuelto en polémica; resquebrajado y descaradamente infiltrado.

Incluso, a tal grado a llegado la situación, que las disputas en el orden reformador han pasado de lo lógico a lo inverosímil y visiblemente frustrado, como sucedió en la reciente visita de integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a Procesos Electorales del Senado de la República al Instituto Electoral Veracruzano (IEV), como parte de sus actividades en la Cámara Alta y, además, en vías de fortalecer los lineamientos de los 30 ejes en los que consistirá el planteamiento de reforma político-electoral que presentará la oposición, a la par de lo que derive de la mesa instalada el pasado 27 de mayo por el Consejo Rector del “Pacto por México”.

Ahí, la vergüenza se hizo presente y se dejó en ridículo al IEV, que pese a vejaciones, difamaciones y guerra sucia, ha sido salido a flote con muchos esfuerzos, gracias a la labor de la maestra Carolina Viveros García, quien en este momentos enfrenta una de sus más fuertes batallas contra los oportunistas del poder que quieren verla fuera del órgano electoral, para ver consumadas sus consoladas aspiraciones de relevarla.

Pero es un hecho que tanto el “Pacto por México” (Acuerdo número 5.3) como la contrapropuesta de la oposición en el Senado (Punto número 11), contemplan la eliminación de los órganos electorales locales y, por ende, desaparecería el IEV para volverse una delegación del hasta ahora conocido como “Instituto Nacional de Elecciones” (I).

No obstante,  fue tanto el coraje de los “interesados” en el tema y el intercambio con los Senadores, que después de alabar y hasta tomarse la foto con ellos, al día siguiente la explosión de impotencia no se hizo esperar, al revelarse la coincidencia entre ambos planteamientos de reforma; calificándolos como reacciones “inmadureces e imprudencias” y a su presidente, el Senador panista José María Martínez Martínez, como “político inexperto” por sugerir modificaciones en el órgano que implicarían ver truncada la ambición algunos que sueñan con la presidencia del IEV.

¿Olvidamos que el Poder Legislativo está facultado para emitir las observaciones y los señalamientos que sean necesarios en torno a las tareas que competan a la comisión correspondiente?

Pero amiga y amigo lector, hay algo todavía peor: parece que aún hay quienes dan poca importancia al hecho de que todo lo relacionado con la “herencia maldita” en Veracruz, así como aquellos que se empeñan en hacer uso de ella sin pelar al presidente, tendrían sus días contados en los puestos que actualmente ostentan, ya que, como siguiente punto en este sesudo panfleto: al parecer, hay una misión que debe cumplir el PRI de Peña Nieto (II), pero que estará sujeta a los resultados de la elección venidera, como última oportunidad al priismo veracruzano para reivindicarse ante el presidente (por la buena): la “limpia” de la fidelidad.

Esta situación se ve reflejada en diversos acontecimientos que han tenido lugar en la entidad veracruzana, de los que sobresale el rumor que incluso el periodista Ricardo Alemán se dio tiempo para destacar el pasado jueves 23 en su texto “Itinerario Político”: Javier Duarte de Ochoa pronto estaría sucediendo a Humberto Benítez Treviño (padre de la “Lady Profeco”) en la Procuraduría Federal del Consumidor, a causa del peligro que ve la Federación en su accidentada –y pésimamente asesorada- gestión al frente del estado.

En este sentido, hay gente cercana a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal (SHCP) que encabeza Luis Videgaray Caso,  que asegura saber cuál sería el “dúo dinámico” que saldría al rescate de Veracruz. Se trata de legisladores que además de contar con todo el respaldo de Enrique Peña Nieto, han hecho suyas las políticas de gobierno que el mexiquense sigue poniendo en marcha por todo el país y que darían a la administración emergente del estado, una mayor certidumbre en relación al modelo que se encuentra en vías de concretarse mediante la cohesión de las reformas estructurales que llevan a cabo los poderes Legislativo y Federal.

Estas alternativas –ambas surgidas del Senado- Yegarían: uno para cubrir el interinato (a través de una reforma fast track en la Constitución de Veracruz), y otro para perfilarse con la candidatura del PRI en lo concerniente a la renovación de la gubernatura en el año 2016 (¿Notó la “pista”? No, no es una falta de ortografía).

Sui Generis

(I)

Cabe destacar que la opción de crear el Instituto Nacional de Elecciones se presenta como una excelente medida si se piensa en la simplificación de los procesos electorales en busca de una democracia mucha más plena de la que goza México en estos momentos, incluso sin atentar contra el Federalismo –como lo plantean algunas voces- pues evita la manipulación y el corporativismo en elecciones, inducidos por los gobiernos locales, pero respetando las garantías atribuidas a cada uno de ellos.

Eso sí: siempre y cuando no intervenga la Secretaría de Gobierno, pues de lo contrario de echarían abajo los esfuerzos que llevaron en 1994 (al 96) a separar dicha dependencia federal de los comicios, con el propósito de garantizar la equidad, dando como resultado que casi de inmediato se diera la anhelada alternancia con el PAN ganando en la siguiente elección.

(II)

Una extraña virtud del priismo que representa el presidente es que, a diferencia de otras instituciones políticas, éste no permite la formación de "varios PRI's", tribus o grupos, y ejerce una especie de absolutismo pero “fraterno”, para evitar ese divisionismo que entorpece las labores de cada instancia política.

Y con justa razón: al PRI le costó mucho trabajo regresar al poder, por lo que no perdonarán más errores provocados por una verdadera inexperiencia -no como la que pregonan aquellos que padecen diarrea verbal-.

El PRI veracruzano tendrá una última oportunidad, pero si no lo logran, quedarán tres años en los que la artillería peñanietista, sin dudarlo, compondrá el barco y logrará el control de norte a sur.

Por esta razón, con diputación plurinominal o sin ella (dato no confirmado hasta el cierre de este texto) Fidel Herrera quedaría a la expectativa de refugiarse en el exilio como embajador (estilo Beatriz Paredes) o a la congelación tras la celda (estilo Elba Esther), haciendo válida aquella máxima de que en México "más vale olvido, que fuero forzado", considerando que sigue latente la posibilidad de que corra con la misma suerte que el ex mandatario tabasqueño, Andrés Granier (por lo menos en lo que a proceso se refiere) y similar, también, a la situación que envuelve a su homólogo morelense, Marco Adame Castillo, quien tendría que rendir cuentas por un presunto desvío de recursos, en el orden de los 942 millones de pesos.

Pero recuerde, estimada y estimado lector: todo lo aquí expuesto es mero supositorio, aunque parezca petardo en... “allá donde les conté”.

Post-it 1: Desde una visión personal, la civilidad no se debe “pactar”. Las características cívicas que dan forma a la ciudadanía, son preferentemente derivadas de la educación que recibimos en nuestras casas, para dar origen a la civilidad. Es por ello que el demagógico intento de generar empatía con las políticas del presidente por parte del gobierno actual de Veracruz, denominado “Pacto por Veracruz”, era totalmente innecesario.

Y de ello deriva el reconocimiento a quien no ha tenido que pactar -propiamente-, para comportarse con absoluta civilidad: Américo Zúñiga Martínez. Sin atacar ni responder, dedicándose a lo suyo y a la campaña que inició hace cuatro años y le fue arrebatada por otra oportunista -que para colmo le deja un triste legado de ineficiencia-; Américo se enfoca en lo que le “truje”. Bien por él.

Post-it 2: Los Tiburones Rojos de Veracruz regresan al máximo circuito del futbol mexicano y lo hacen con Pepe Yunes Zorrilla vinculado a Fidel Kuri; éste último, propietario del equipo. ¿Hay quien duda que es el PRI de Peña Nieto el que ya está empezando a “laborar” en Veracruz? Y eso, por increíble que parezca, debe ser motivo de tranquilidad. Créanme.

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¡Olé, electorero!

Miguel Ángel Gómez Polanco

Vaya lío en el que se encuentran los “encargados” de la legalidad en México por todos los órdenes, pero en el ámbito electoral, aún más.

            Si redujéramos la problemática y utilizáramos nuestro sentido común como ciudadanos, concluiríamos que el verdadero meollo del asunto no está en las multas o el aspecto económico en sí: se trata de una grave irresponsabilidad en la interpretación de la Ley que podría llevar a México por un camino de mayor desconfianza en las instituciones y que en algún momento estallará, no obstante que por lo menos la última Reforma Electoral “trascendental” (2007) planteaba precisamente opciones para que esto no sucediera.

            ¿Cómo combatir los que al parecer son un implacable cáncer cultural como la omisión y la ilegalidad en nuestro país?

La enmienda luce complicada, si consideramos, por ejemplo, casos recientes como el que involucra la naturaleza técnica y unipersonal (léase Alfredo Cristalinas Kaulitz) de la Unidad de Fiscalización del IFE, la cual ha dejado al descubierto su vulnerabilidad ante las presiones mayoritarias o “del poder”, como se aprecia en el momento difícil por el que atraviesa, tras los asuntos de Monex/PRI y AMLO.

            Y es que, partiendo de la idea de que para apostar por una verdadera transparencia en los procesos comiciales, se debe democratizar esencialmente la fiscalización; entonces -dijera mi abuelita- “sabe Dios” que si en un Consejo colegiado existe parcialidad y las decisiones constan de un amplio consenso ¿se imaginan la indefensión en la que se encuentra el titular de una Unidad Técnica sin la magistratura que exige el conocimiento jurisprudencial en el tema electoral?

            Es por lo anterior que, vinculado con la falta de explicación en el dictamen emitido por el licenciado Cristalinas, no sólo lo convierte en un objeto cuestionable, sino que además, carece de legitimidad.

¿Será por eso que pospusieron análisis? ¿O es que el Consejo Electoral no contaba con que se presentara una exigencia tácita de revisar el proyecto a profundidad, dadas las inconsistencias que presenta? ¿Por qué no aclarar el conducto y destino de los recursos utilizados por las coaliciones “Compromiso por México” y “Movimiento Progresista”, sin únicamente comprometer su existencia?

            En este contexto, sobresale un factor que enmarca al Artículo 6to Constitucional: el principio de máxima publicidad, que se basa en el derecho público a que se “desmenuce” la información manejada por todas las órdenes de gobierno y hacer de su conocimiento los procedimientos por los que pasan asuntos con una invariable concepción irregular, como el de la fiscalización electoral.

Esto, cabe destacar, también es incluido en el sexto artículo de la Ley Federal de Acceso a la Información y constituye uno de los derechos fundamentales más importantes no sólo de México, sino del mundo entero.

            Pero ¡oh, problema! El artículo constitucional mencionado reza de la siguiente manera:

“… Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”.

            ¿Notó el detalle? ¡No se incluye a los partidos políticos! Éstos son entidades, sí, pero de carácter público y no están señalados de forma explícita en la Carta Magna. Aunque no todo está perdido: el IFE sí entra en esta descripción y es su obligación transparentar los procesos y consecuentes dictámenes como los que emita la Unidad Fiscalizadora, pues aunque es autónoma, no deja de ser federal.

De esta manera, pensar en “juicios políticos” y/o destituciones, está demás. Lo conveniente es, desde un particular punto de vista, replantear los procedimientos de fiscalización y darles sustento institucional con la autonomía que garantice la participación no de uno, sino de varios especialistas en el tema de transparencia.

Asimismo, el método para conformar el Consejo General del IFE y los órganos locales, tendría que ser más riguroso y, por qué no, homogenizar los criterios para el perfil que requieren quienes lo integran, en una suerte de “combinación” de las reformas electorales de 1990 y 1996, en las que éstos pasaron de ser consejeros “magistrados” a “ciudadanos” y, finalmente, “electorales”.

SUI GENERIS

Y Veracruz, desde luego, no se salva. Algunas declaraciones recientes con visible esencia protagónica por parte de voces “conocedoras” en la materia, desde ya, “echan la bolita” irresponsablemente a Félix Morales Vásquez, titular de la Unidad de Fiscalización del Instituto Electoral Veracruzano, comprometiendo en boca ajena las sanciones que, de acuerdo con el artículo 64, fracción VI del Código Electoral del Estado; dicha instancia puede concluir hacia el o los partidos que sobrepasen los topes de campaña impuestos para la elección de este 2013, aún cuando en la entidad no existen antecedentes en el tema, gracias a la buena conducción que se ha tenido en la figura de quien preside el Consejo; la maestra Carolina Viveros García.

            Sin embargo, parte de lo aquí expuesto convierte el marco electoral en una detestable émula de una corrida de toros,  en la que el “¡olé!” proviene de los partidócratas que capotean la Ley a como dé lugar, sin importar la instancia gubernamental a la que pertenecen y con un fomento constante al vicio electorero que únicamente busca el poder por el poder. ¿O qué le parece a usted, estimada y estimado lector?

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