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martes, 27 de octubre de 2015

¡“Avionazo” a la deuda!

Miguel Ángel Gómez Polanco

Las viejas prácticas electoreras están de regreso, es un hecho. La distracción, el desenfreno mediático y la angustia, acaparan la voluntad del oficialismo en Veracruz.

Apenas hace poco más de una semana, el gobernador del estado anunciaba una “reestructuración” de la deuda que se tiene contraída en su administración. “Heredada” dicen ellos, “empeorada” dicen otros, mientras las dudas sociales son la misma: ¿y por qué todo a la mera hora? ¿De qué me quieren convencer?

Poco después, la guerra electorera comienza, digamos, de lleno. “¡Hay que acusar a los aviadores, claro! ¡Que vean que atacamos a la corrupción imperante!”, aseguran en Enríquez, frente la Plaza “Regina”. Pero la movida no sale bien. Lo que en la era pre tecnologías de la información habría sido un sospechosismo mediático, hoy se ha convertido en una sociedad más despierta que no se cree las cosas a la primera.

Así pues, después de más de 44 mil millones de pesos de deuda –reconocida-, uso de fideicomisos no permitidos para subsanar deudas estatales, aumentos a impuestos estatales contraproducentes para el empleo de Veracruz, 14 créditos adquiridos en 11 años, uno de ellos bursatilizado y 21 mil 700 millones de pesos que no alcanzan para pagar la endrogada que traemos; ahora el tema son unos tristes dos mil 173 “aviadores” de la SEV, de los cuales, 120 salieron peor embarrados por haber ingresado a las filas del “chingonerismo sin trabajar” en la época de Miguel Ángel Yunes Linares en la Secretaría de Gobierno.

¿Qué sucedió con estos 120? Los ventanearon. Fueron exhibidos, con nombre y apellido, como carne de cañón electorera, ¿por quién? Pues ahora, dicen, “ya no se sabe”.

Pero veámoslo así: olvidemos por un momento que una noche antes de filtrarse la lista del “Escuadrón 120” de aviadores, el flamante nuevo líder priista, Alberto Silva Ramos, “prometió” decir quiénes y desde cuándo se dedicaban a esta cómoda profesión de cobrar sin trabajar. Enfoquémonos al tema de la protección de datos personales, en las que los 120 mencionados han sido, en apariencia, perjudicados gravemente.

Ahí le va: el artículo 6 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares vigente, establece que se debe privilegiar el principio de licitud y lealtad para el tratamiento de datos. Por tanto, lo que se ha hecho hasta ahora es completamente opuesto a la Ley, tratando los datos personales de 120 personas para ¿atacar?

Ahora bien, el artículo 8 manifiesta que "se entenderá́ que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición", por lo que la misma manera con que se trataron los datos "filtrados", es la que “debiera” (en el último de los casos) aplicarse para el resto (más de dos mil).

Pero hay más: el artículo 19 del mismo documento, refiere que todo dato recabado deberá ser tratado con confidencialidad y asegurando el bienestar del titular de los datos, siendo el responsable de recabar los datos quien también provea de las medidas necesarias para no exponer la integridad de los titulares. Es decir: al publicar los datos, se está infringiendo la Ley, así de fácil.

Por último, los artículos 67 y 68 dicen claramente que se impondrán sanciones (desde tres meses y hasta cinco años de prisión) a quienes vulneren con ánimos de lucro o perjuicio personal a los titulares de los datos. O sea: publicarlas de la manera en que lo hicieron, también violenta la Ley en la materia, pues además pretende denostar a terceros con ellos.

Y para acabarla de amolar, el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, Vicente Benítez, reconoce que en efecto: la lista se "filtró". Es decir, la SEV, como responsable para el uso de los datos personales de los supuestos "aviadores", incumplió con las medidas de seguridad para éstos y, por ende, violentó la Ley en la materia y permitió que se vulneraran sus derechos de confidencialidad.

¿Denunciarán los 120 agraviados o los “aguantarán” para seguir distrayendo el tema de la deuda estatal?


SUI GENERIS

¡Sí, aún está “aquello” de la deuda! ¿Ya se le estaba olvidado? No se preocupe; es comprensible. Lo de los “aviadores”, más o menos fue pensado para ello, creo.

Pero la deuda estatal continúa y no solo los tres fideicomisos previstos en la reestructuración de ésta –dos federales y uno estatal- están en la mira pública, desde luego, con nula transparencia.

En este sentido, vale la pena analizar brevemente otro de éstos que no ha sido mencionado: el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); también perteneciente al Ramo 033, igual el FAIS y el FAFEF (utilizados para la famosa reestructuración).

El FASSA tiene el objetivo de (acorde con la estrategia programática de la Federación), “disminuir las diferencias que existen en los servicios de salud que se prestan a la población abierta, mayormente con aquella que no se encuentra incorporada en ningún régimen de seguridad social en el país”.

Además, el FASSA contempla la implementación de mecanismos que apoyen las actividades de protección contra riesgos sanitarios, promoción de la salud y prevención de enfermedades y la mejora en la calidad de la atención y la seguridad en salud, pero sobre todo, el abasto y entrega oportunos y adecuados del medicamento.

En este contexto, el monto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud asignado a Veracruz dentro del Presupuesto de Egresos para este año, 2015, es de cuatro mil 937 millones 126 mil 309 pesos. Además, se suman los recursos del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), en el orden de los cuatro mil 340 millones 901 mil 600 pesos.

Entonces ¿por qué siguen vigentes pasivos tan graves, por ejemplo, como el de Sesver (organismo descentralizado al cual le corresponderían recursos como el del FASSA) y del Seguro Popular, con montos de cinco mil 156 millones de pesos y mil 763 millones de pesos, respectivamente? 

Rubros de vital importancia para la ciudadanía como la prestación de Servicios de Salud a la Persona, Generación de Recursos para la Salud y la Protección Social ¿con qué se van a pagar o a dónde fue a parar el dinero que se tenía destinado para ello?

Para acabar pronto: el Anexo VI de la Clasificación Programática del Gasto, en el rubro del Desarrollo Social (donde interviene el sector salud) 55 mil 275 millones 231 mil 502 pesos están destinados a la promoción del bienestar social y sustento de la salud en Veracruz ¿ontá esa lana?

Y peor aún: ¿qué pasa con ese rezago del 70 por ciento en deudas de pago del Gobierno estatal, denunciado en días recientes por Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam)? ¿No se supone que la partida federal del FASSA es para eso?

Y si a lo anterior agregamos que para el año entrante, la Federación ha previsto un recorte de cinco mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación ¿qué pasara con ese dinero etiquetado para este año, con el que se debía pagado este remanente?

A labor de un reportero –como el que suscribe autor de este panfleto- es informar. Sin embargo, como usted puede apreciar, esta ocasión son más dudas que aclaraciones las que aquí se presentan. La razón: el temor a ser criminalizado como toda aquella persona que pone en tela de juicio el accionar de la presente a administración estatal.

Lo que sí es muy evidente y seguramente usted también notó, es lo innegable: Veracruz huele, apesta ¡hiede a elecciones! Y por ende, a todo aquello que se relacione con obtener recursos para financiar campañas.



Twitter: @magomezpolanco
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lunes, 19 de octubre de 2015

¡Que sirva de algo la pobreza en 2016!

Miguel Ángel Gómez Polanco

¡Vaya panorama se sigue avizorando en Veracruz! ¿Será que tanta razón tenía el escritor e historiador inglés, Thomas Fuller, cuando dijo: “la desesperación infunde valor al cobarde”?
Y es que luego del envío que –falsamente- llaman “exilio” de Fidel Herrera a Barcelona, para hacerse cargo del Consulado en aquel rincón de la Madre Patria; el escenario electoral en la entidad ha tomado la forma explícita de una guerra por el poder, ejercida primordialmente por el mandamás priista, Manlio Fabio Beltrones, quien mueve piezas a diestra u siniestra para asegurar regresar el estatus de activo político a Veracruz.

Y para pruebas, la más reciente: el “Cisne” se va a intentar hacer contención contra los Yunes (de todos los colores) y –por ahí- a promover su imagen. El insufrible “amuleto” duartista, se cotiza como guarro de la Prosperidad, con tal de asegurar el rescate de la pésima administración estatal de los últimos cinco años.

Los cambios no eran para menos: Alfredo Ferrari a la Sedesol y “Tonicho” nuevamente a la congeladora. Pero la dimensión del nombramiento del ya exdirigente estatal tricolor ¿qué matices tiene? Ahí le va:

Deja fuera de la jugada al otrora operador político-populista de Veracruz, Ranulfo Márquez Hernández, luego de que éste se “jubiló” del mapacheo fallido en 2012, para la campaña presidencial de Peña Nieto, ocasionando, incluso, su remoción de la delegación de la Sedesol misma y enviado al limbo político durante casi dos años, donde ahora regresa.

Fiel en serio (sí: de esa fidelidad que conocemos), la decisión de mandar lejos a “Cabeza de lata” es, por mucho, una de las determinaciones más aventadas de Javier Duarte, rumbo al 2016, aunque la manipulación de la necesidad, sigue siendo para fines electorales.

Y es que las cifras ¡las cifras, estimada y estimado lector!: De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), seis de cada diez personas en Veracruz, están en pobreza; cifra que muestra un retroceso de 5.4 por ciento respecto a la medición anterior, en 2012.

Es decir: a Ranulfo le tocó ser parte activa de un subejercicio presupuestal para el combate a la pobreza, en el orden de los 13.5 mil millones de pesos, los cuales no fueron liberados por el Gobierno de Veracruz y sí retenidos en Sefiplan. ¿En qué se tradujo? Pues que, según Coneval, para 2015 –tres años después de la última medición- hay 722 mil 78 nuevos pobres en Veracruz; esos que pretende retomar el aparato verde, blanco y rojo para hacerse de la jugada en los próximos comicios.

Y lo más cañón: jubilan a Ranulfo, digamos, con el “trabajo hecho” y ponen en su lugar a un estratega y conocedor de la geografía veracruzana; operador político de probada capacidad negociadora y diplomacia intramuscular, para mover los dineros de la Secretaría que por tradición, es la verdadera caja chica del Gobierno estatal, sobre todo en época electoral; el boqueño, Alfredo Ferrari.

¿Es tanto el desconocimiento de esta lección no aprendida y repetida para el priismo, que se han atrevido a intentar endurecer nuevamente el voto que durante 86 años le ha mantenido en el poder a base de las mismas técnicas; hoy ablandado por una entrega de resultados de histórica deficiencia para Veracruz?

Acertó usted: hay una tremenda desesperación, no solo por “ganar”, sino por salvaguardarse del vendaval que se vendrá, incluso, por parte de los primos incómodos del PRI, si esa elección se pierde, y de la oposición, ni se diga: con una alianza cada vez más clara y a la cual se habrá de dar absoluta prioridad, en pocos días, tanto por sus protagonistas, como por el electorado.

SUI GENERIS
La batalla rumbo al 2016 ya es un asunto personal de posiciones, por un lado, y de “sálvese quien pueda” por el otro, así que el espectáculo, está prácticamente garantizado. Aquí el verdadero tema es: ¿está Veracruz dispuesto a ser una vez más el público cautivo que se eche el deprimente show de la blasfemia y la prebenda o por fin decidirán ser parte definitoria con su decisión?

Por lo mientras, el PRI blinda toda posibilidad de confrontación a través del propio gabinete de gobierno, del ya corruptísimo OPLE y, tal vez pronto, del Tribunal Estatal Electoral de Veracruz, imponiendo a conocida amiga íntima del propio Fidel Herrera y cacique electoral durante años en el IEV: Carolina Viveros García, quien junto con otros dos del mismo perfil (incluidos dos actuales Magistrados que podrían repetir), serían los encargados de las impugnaciones posteriores al proceso, aun cuando las pruebas para presentarlas sean contundentes, como se cree que serán si así sucediera.

Resta saber qué piensan hacer en ese último rubro los tres “Y”, pues recordemos que de acuerdo con la más reciente Reforma Político-Electoral, es la Cámara Alta la instancia que decidirá quiénes ocupan los cargos de Magistrados Electorales en los Tribunales estatales y el cabildeo de los tres senadores veracruzanos para ello será fundamental, con la finalidad de frenar el control absoluto que pretende establecer el actual grupo que gobierna en la entidad.


POST-IT: Tres mil 500 millones de pesos para mejorar infraestructura escolar. ¡Muy bien! Lo que a mí me preocupa es que se "anuncie" el despido de más de dos mil "aviadores", pues es una manera de aceptar su existencia públicamente y, por ende, reconocer que el gasto corriente del que tanto padece el Gobierno de Veracruz -arriba de los 57 mil millones de pesos para este año- en efecto, está exponencialmente mal usado. Abrón.




Twitter: @magomezpolanco

miércoles, 2 de octubre de 2013

Maestros: amagos de in-docencia

Miguel Ángel Gómez Polanco

El pasado martes Primero de Octubre, circuló a través de las redes sociales y correos electrónicos un documento denominado “Guía Básica para la autonomía de gestión de las escuelas” acompañada de una nota periodística reproducida por el sitio web “Plumas Libres” donde se retoma la declaración de una maestra de nombre “Araceli”.
En ella, la supuesta docente critica y “demuestra” que la reglamentación legal derivada de la Reforma Educativa y su legislación secundaria, va contra la propia educación del país y demuestra cómo se “afectará a millones de niños de muy escasos recursos”, argumentando que los padres de éstos “no podrán tener los recursos económicos para financiar obligaciones que deben seguir siendo responsabilidad de la administración pública”.
            Lo anterior se deriva de una de las principales consignas en las movilizaciones magisteriales que tienen lugar en varios estados del país -incluido Veracruz- relacionadas con el artículo 28-BIS de la citada Reforma, en la que se establece que: … Las autoridades educativas federal, locales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, deberán ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas.
Al respecto, el movimiento magisterial liderado –sometido y a todas luces, manipulado- por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aduce una “privatización” de la educación y el establecimiento de cuotas a los padres de familia –contra la misma Constitución en su Artículo Tercero- entendiéndose por “autonomía” a la suficiencia únicamente económica que deberán promover éstos y los directivos para sostener los planteles.
            Hay que destacar, en este sentido y antes de pasar al apartado que da nombre a este panfleto, que el artículo 25 de la Reforma Educativa señala lo siguiente:

Las autoridades educativas federal y de las entidades federativas están obligadas a incluir en el proyecto de presupuesto que sometan a la aprobación de la Cámara de Diputados y de las legislaturas locales, los recursos suficientes para fortalecer la autonomía de la gestión escolar de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 Bis de esta Ley;

Así pues, la primera conclusión sería: aventurarse a clarificar los conceptos ambiguos utilizados para la redacción de este documento oficial, ha sido, es y será una de las acciones más convenencieras que puede haber, mientras no exista explicación precisa por parte de la autoridad correspondiente, toda vez que, incluso, es este Artículo –el 25- donde se explica la inclusión de la autonomía en los presupuestos estatales.
            Ahora bien, ahí le va, inteligentes lectoras y lectores: para empezar, resulta repudiable que con la excusa de no contar con “liderazgos” y/o “proteger la integridad del informante”, quien hace la crítica antes mencionada se identifique como una tal “Araceli” y ya.
Dicen por ahí que “la confidencialidad de la fuente, es virtud del reportero” y es absolutamente cierto, sin embargo, en esta ocasión se trata de un documento presuntamente filtrado que se expone como material proporcionado por la Federación sin el menor anuncio; algo que, considerando la coyuntura por la que atraviesa el tema en cuestión, hay que decirlo: sería igual de irresponsable y muy poco probable que sucediera, pues fue el mismo Enrique Peña Nieto quien se encargó de asegurar durante la ceremonia de promulgación de las Leyes Secundarias de la Reforma Educativa, que los lineamientos en este y otros asuntos concernientes a la misma, se darían a conocer en las próximas semanas y a través de la propia Secretaria de Educación Pública.
En este contexto, se debe considerar que de acuerdo con el propio personal de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Veracruz, el escalafón para la entrega de documentos de esta índole es: dependencia (SEV)-Jefaturas sectoriales-Supervisiones escolares-Directores/as de plantel y, por último docentes, por lo que es improbable que se puedan dar a conocer o “filtrar” si no es por otro modo que el robo directamente en las bodegas de la SEV ubicadas en las afueras de Xalapa; esto, en caso de que, en efecto, la SEP los hubiera hecho llegar, como primera instancia del orden Federal responsable de hacerlo.
            Asimismo, después de preguntar en cada uno de los niveles descritos en el párrafo anterior por parte de quien suscribe, con desconcierto, el personal ignoraba la existencia de esta “Guía” que por increíble que parezca –o no- provocó el respectivo bullicio entre los grupos y “enlaces” de las movilizaciones magisteriales en Veracruz, así como en la población en general. Está demás decir el por qué.


SUI GÉNERIS

Y ahí no acaba el asunto, estimada y estimado lector, ya que después de indagar su procedencia, se logró dar con el origen verdadero de la mentada “Guía”: el estado de Campeche.
Así es: la edición de este texto data del año 2009, justo en el año en que comenzó su gestión el actual gobernador de aquella entidad, Fernando Ortega Barnés, y donde además, no se menciona de forma explícita la aportación de cuotas para que sean administradas por la denominada “Comisión de Mantenimiento” integradas por padres de familia y directivos escolares.
Entonces ¿qué pasó ahí? La respuesta lastimosamente sigue siendo la misma: el magisterio veracruzano sigue siendo manipulado por la actitud mercenaria de la CNTE que continúa haciendo hasta lo imposible por apoderarse de nuestro estado y seccionar su presencia para, como he mencionado en otra entrega, ofrecerlo al mejor postor de una izquierda inexistente y ávida de revuelta social.
Al final, todo queda en un nuevo amago de quienes se han hecho de las conciencias confundidas y partícipes de la trifulca que cada día ve más cercano su ocaso -como todo movimiento basado en la ignominia- en medio de la in-docencia de sus acciones.
Veremos, pero mientras, adjunto a este texto el sitio para descargar la guía, así como la liga con la nota donde “Araceli” reitera el discurso ya conocido por una parte de la opinión pública, para su consulta y cotejo.

Nota:
http://plumaslibres.com.mx/2013/09/30/distribuye-sep-en-escuelas-la-guia-basica-con-nuevas-reglas-de-operacion/

Descarga de la “Guía”:

https://www.wetransfer.com/downloads/c24bfaed32600002eac0da1b802da8c720131002230321/104edaa4d03315b0c9d0127afddb323920131002230321/ebb1d4




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martes, 10 de septiembre de 2013

Estimados padres de familia

Miguel Ángel Gómez Polanco
Ha sido puesta la primera piedra de un cambio urgente en México: la promulgación de las leyes secundarias de la Reforma Educativa es una realidad y, con ello, una –quizás- obligada revolución de las conciencias del país, sea cual sea la ideología política y con las respectivas aristas que esto conlleva, pues existe una prioridad en común que es: la calidad de la educación.
        ¿El cambio es para bien? Es temprano para saberlo, toda vez que, como dijera el mismo presidente Enrique Peña Nieto: el camino legislativo ha concluido, pero comienza el que habrá de trazarse con la participación de las partes involucradas; entre padres de familia, maestros y autoridades escolares, verticales y horizontales.
          Sin embargo, las reformas a las Leyes General de Educación, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y Servicio Profesional Docente, aún estarán sujetas a la paradójica evaluación de la sociedad civil, en aras de “aprobarlas” basados en el desempeño que derive en una mejora palpable de la educación.
¿Las leyó? Quiero suponer que sí, inteligentes lectores. No obstante, he decidido dedicar este panfleto a algunos de  los puntos que más han causado escozor en la interpretación que, hoy por hoy, tiene en las calles a miles de maestros, preocupados por ellos… o bueno, “digamos” que por las consecuencias de un cambio trascendental como el que ahora se presenta.
Aclaro, antes de pasar a esta propositiva colaboración, desde una óptica personal; quien suscribe: 1) no es especialista en el tema, pero ha leído sesudamente los textos constitucionales, concluyendo que su explicación puede ser presentada con base en mero sentido común. y b) el documento tiene como único fin informar y presentar una opción de consulta, partiendo de los temas que hasta ahora, causan confusión entre propios y extraños (pues nadie es ajeno al asunto; eso es un hecho).
De la Ley General de Educación:
Artículo 6: Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos.
En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o, afectar en cualquier sentido, la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.
El modelo de “autonomía de gestión” descrito en el Artículo 28 BIS nada tiene que ver con el condicionamiento de la educación a cambio de cuotas escolares, las cuales están prohibidas constitucionalmente. Si usted ha sido víctima de este chantaje inconstitucional, es recomendable que espere, pues será en las siguientes semanas cuando se den a conocer los esquemas propuestos por el Estado para dar forma a dicho modelo.
     No olvidemos, además, que las medidas que sean planteadas no son las únicas legalmente posibles, pues los esquemas que propongan padres, alumnos y maestros pueden ser adecuados en este mismo modelo de autogestión, donde bien podrían caber, por ejemplo, las propuestas de vinculación académico-empresariales que servirían de prospección para, en un futuro, incluso, emplear a los educandos, así como para participar económicamente con las necesidades de los planteles.
          Por otra parte, los Artículos 13, Fracción VII, 14, Fracción XI Bis y 20, Fracción II, son claros en el sentido de que el diseño de los esquemas y planes de evaluación y educativos en general deberán contar con la participación activa de todas las partes, definiendo al educador como “promotor, coordinador, facilitador y agente directo del proceso educativo” y que la formación “deberá ser continua, así como la actualización de conocimientos y superación docente de los maestros en servicio”. Asimismo, el Sistema de Información y Gestión Educativa “deberá proporcionar información para satisfacer las necesidades de operación de los sistemas educativos locales” como responsabilidad de la autoridad educativa. O sea, pues, todos tienen (tenemos) obligaciones en esta modificación.
Dicho en pocas palabras: un maestro bien preparado se traduce en una mejor formación para los alumnos, a la altura de sus conocimientos… ¿está mal?
En este sentido, los maestros argumentan que la evaluación será retroactiva, lo cual afectará a quienes han destinado toda una vida a la docencia, algo que es completamente falso: el artículo 8vo. Transitorio, señala que: “el personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el Artículo 48 de esta Ley (de Servicio Profesional Docente) no será separado del servicio público y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio”.
Ahora bien: aunque la libertad para manifestarse es un derecho concebido por nuestra Carta Magna (Artículo 6to), la responsabilidad consagrada por el mismo documento en torno al derecho de la educación (Artículo 3ero) será resguardado por el Artículo 69 de la Ley General de Servicio Profesional Docente que versa:
“El Personal Docente o con Funciones de Dirección o de Supervisión en la Educación Básica y Media Superior que no asista a sus labores por más de tres días consecutivos o discontinuos, en un periodo de treinta días naturales, sin causa justificada será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o para el Organismo Descentralizado, y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas.”
Finalmente ¿supo el caso de la maestra Idalia Hernández Ramos? Aquella que exhibió a los alumnos del CBTis No. 103, Marina y Grimaldo, después de que éstos la insultaran en una red social? Bueno, pues más allá de quién tuvo la razón y el debate que se desató al respecto; se adiciona un segundo párrafo al Artículo 42 de la Ley General de Educación donde se establece que “se brindarán cursos a los docentes y al personal que labora en los planteles de educación, sobre los derechos de los educandos y la obligación que tienen al estar encargados de su custodia, de protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación”.

SUI GÉNERIS
        Así pues, aunque cada oración reformada deja lugar a una polémica diferente; la última palabra la tiene usted, amables lectora y lector, y el presente documento opinológico forma parte de ese interminable compendio de recursos generales para que usted le entre a la insufrible moda de reformar, pero su criterio.
Sólo no olvidemos que aún con el carácter de “educativa” que se le ha dado, esta es una reforma laboral que va directo a la médula: una lastimada docencia que hará de las futuras generaciones, el presente de nuestro país… sin herir susceptibilidades.

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