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martes, 27 de octubre de 2015

¡“Avionazo” a la deuda!

Miguel Ángel Gómez Polanco

Las viejas prácticas electoreras están de regreso, es un hecho. La distracción, el desenfreno mediático y la angustia, acaparan la voluntad del oficialismo en Veracruz.

Apenas hace poco más de una semana, el gobernador del estado anunciaba una “reestructuración” de la deuda que se tiene contraída en su administración. “Heredada” dicen ellos, “empeorada” dicen otros, mientras las dudas sociales son la misma: ¿y por qué todo a la mera hora? ¿De qué me quieren convencer?

Poco después, la guerra electorera comienza, digamos, de lleno. “¡Hay que acusar a los aviadores, claro! ¡Que vean que atacamos a la corrupción imperante!”, aseguran en Enríquez, frente la Plaza “Regina”. Pero la movida no sale bien. Lo que en la era pre tecnologías de la información habría sido un sospechosismo mediático, hoy se ha convertido en una sociedad más despierta que no se cree las cosas a la primera.

Así pues, después de más de 44 mil millones de pesos de deuda –reconocida-, uso de fideicomisos no permitidos para subsanar deudas estatales, aumentos a impuestos estatales contraproducentes para el empleo de Veracruz, 14 créditos adquiridos en 11 años, uno de ellos bursatilizado y 21 mil 700 millones de pesos que no alcanzan para pagar la endrogada que traemos; ahora el tema son unos tristes dos mil 173 “aviadores” de la SEV, de los cuales, 120 salieron peor embarrados por haber ingresado a las filas del “chingonerismo sin trabajar” en la época de Miguel Ángel Yunes Linares en la Secretaría de Gobierno.

¿Qué sucedió con estos 120? Los ventanearon. Fueron exhibidos, con nombre y apellido, como carne de cañón electorera, ¿por quién? Pues ahora, dicen, “ya no se sabe”.

Pero veámoslo así: olvidemos por un momento que una noche antes de filtrarse la lista del “Escuadrón 120” de aviadores, el flamante nuevo líder priista, Alberto Silva Ramos, “prometió” decir quiénes y desde cuándo se dedicaban a esta cómoda profesión de cobrar sin trabajar. Enfoquémonos al tema de la protección de datos personales, en las que los 120 mencionados han sido, en apariencia, perjudicados gravemente.

Ahí le va: el artículo 6 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares vigente, establece que se debe privilegiar el principio de licitud y lealtad para el tratamiento de datos. Por tanto, lo que se ha hecho hasta ahora es completamente opuesto a la Ley, tratando los datos personales de 120 personas para ¿atacar?

Ahora bien, el artículo 8 manifiesta que "se entenderá́ que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición", por lo que la misma manera con que se trataron los datos "filtrados", es la que “debiera” (en el último de los casos) aplicarse para el resto (más de dos mil).

Pero hay más: el artículo 19 del mismo documento, refiere que todo dato recabado deberá ser tratado con confidencialidad y asegurando el bienestar del titular de los datos, siendo el responsable de recabar los datos quien también provea de las medidas necesarias para no exponer la integridad de los titulares. Es decir: al publicar los datos, se está infringiendo la Ley, así de fácil.

Por último, los artículos 67 y 68 dicen claramente que se impondrán sanciones (desde tres meses y hasta cinco años de prisión) a quienes vulneren con ánimos de lucro o perjuicio personal a los titulares de los datos. O sea: publicarlas de la manera en que lo hicieron, también violenta la Ley en la materia, pues además pretende denostar a terceros con ellos.

Y para acabarla de amolar, el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, Vicente Benítez, reconoce que en efecto: la lista se "filtró". Es decir, la SEV, como responsable para el uso de los datos personales de los supuestos "aviadores", incumplió con las medidas de seguridad para éstos y, por ende, violentó la Ley en la materia y permitió que se vulneraran sus derechos de confidencialidad.

¿Denunciarán los 120 agraviados o los “aguantarán” para seguir distrayendo el tema de la deuda estatal?


SUI GENERIS

¡Sí, aún está “aquello” de la deuda! ¿Ya se le estaba olvidado? No se preocupe; es comprensible. Lo de los “aviadores”, más o menos fue pensado para ello, creo.

Pero la deuda estatal continúa y no solo los tres fideicomisos previstos en la reestructuración de ésta –dos federales y uno estatal- están en la mira pública, desde luego, con nula transparencia.

En este sentido, vale la pena analizar brevemente otro de éstos que no ha sido mencionado: el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); también perteneciente al Ramo 033, igual el FAIS y el FAFEF (utilizados para la famosa reestructuración).

El FASSA tiene el objetivo de (acorde con la estrategia programática de la Federación), “disminuir las diferencias que existen en los servicios de salud que se prestan a la población abierta, mayormente con aquella que no se encuentra incorporada en ningún régimen de seguridad social en el país”.

Además, el FASSA contempla la implementación de mecanismos que apoyen las actividades de protección contra riesgos sanitarios, promoción de la salud y prevención de enfermedades y la mejora en la calidad de la atención y la seguridad en salud, pero sobre todo, el abasto y entrega oportunos y adecuados del medicamento.

En este contexto, el monto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud asignado a Veracruz dentro del Presupuesto de Egresos para este año, 2015, es de cuatro mil 937 millones 126 mil 309 pesos. Además, se suman los recursos del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), en el orden de los cuatro mil 340 millones 901 mil 600 pesos.

Entonces ¿por qué siguen vigentes pasivos tan graves, por ejemplo, como el de Sesver (organismo descentralizado al cual le corresponderían recursos como el del FASSA) y del Seguro Popular, con montos de cinco mil 156 millones de pesos y mil 763 millones de pesos, respectivamente? 

Rubros de vital importancia para la ciudadanía como la prestación de Servicios de Salud a la Persona, Generación de Recursos para la Salud y la Protección Social ¿con qué se van a pagar o a dónde fue a parar el dinero que se tenía destinado para ello?

Para acabar pronto: el Anexo VI de la Clasificación Programática del Gasto, en el rubro del Desarrollo Social (donde interviene el sector salud) 55 mil 275 millones 231 mil 502 pesos están destinados a la promoción del bienestar social y sustento de la salud en Veracruz ¿ontá esa lana?

Y peor aún: ¿qué pasa con ese rezago del 70 por ciento en deudas de pago del Gobierno estatal, denunciado en días recientes por Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam)? ¿No se supone que la partida federal del FASSA es para eso?

Y si a lo anterior agregamos que para el año entrante, la Federación ha previsto un recorte de cinco mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación ¿qué pasara con ese dinero etiquetado para este año, con el que se debía pagado este remanente?

A labor de un reportero –como el que suscribe autor de este panfleto- es informar. Sin embargo, como usted puede apreciar, esta ocasión son más dudas que aclaraciones las que aquí se presentan. La razón: el temor a ser criminalizado como toda aquella persona que pone en tela de juicio el accionar de la presente a administración estatal.

Lo que sí es muy evidente y seguramente usted también notó, es lo innegable: Veracruz huele, apesta ¡hiede a elecciones! Y por ende, a todo aquello que se relacione con obtener recursos para financiar campañas.



Twitter: @magomezpolanco
Facebook: Miguel Ángel Gómez Polanco

lunes, 12 de octubre de 2015

El incongruente estado de Veracruz

Miguel Ángel Gómez Polanco

“Todo el peso de la ley a quien lastime la confianza de los veracruzanos”, aseguró este lunes el gobernador Javier Duarte de Ochoa, en su tempranera conferencia de prensa, en el marco del Día de la Raza.

Antes, hace unos días, la frase célebre del ahora distinguido pensador veracruzano, fue que “hay que pensar bien antes de escupir para arriba”. Se lo dijo a periodistas que les “encanta” –de acuerdo con la percepción del mandatario- hablar de la inseguridad que impera en la entidad. Quién sabe qué estaría insinuando.

Curiosamente, horas después de lanzar esta nueva –y elocuente- expresión, el periodista crítico Aurelio Contreras Moreno, denuncia en redes sociales un robo en su casa. Le quitaron su equipo de trabajo.

¿Dónde quedó la congruencia? Es la gran pregunta que distingue la actualidad veracruzana, si por un lado se promete “castigar” a quienes “lastimen” la confianza de las y los veracruzanos y, por otro lado, el titular del Ejecutivo estatal anuncia que 739 servidores públicos son investigados, de los cuales 306 continúan en proceso y 23 ya fueron sentenciados.

Además, la PGR revela que Veracruz sobresale en presunción de delitos electorales con 21 de los 67 que consignó la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade); cifras que se suman al sinuoso (opaco o discrecional, como usted lo quiera llamar) actuar del OPLE en la entidad, desde su reciente sucesión, con 64 empleados corridos sin liquidación, imposición de Consejeros sin experiencia en la materia, solicitudes de extensión presupuestal infames (por encima de los 40 millones de pesos, sumados a los 340.5 ejercidos en 2015; año no electoral) y un sinfín de irregularidades.

Por piedad, que alguien me diga ¿dónde quedó la congruencia? Porque la lista continúa.

Por ejemplo, el recientemente aprobado aumento del 50 por ciento al impuesto a la nómina, con el cual, según el aparato gubernamental, “aumentarán los ingresos del estado”.

Y es que, aunque ciertamente no mienten con esta afirmación, primero quisiéramos saber dónde quedaron los últimos nueve mil millones que se habían recaudado con el dos por ciento. De igual forma ¿se pensó en el desempleo que se generará con este aumento al gravamen, derivado de la tensión empresarial para la contratación?

¡Pero cómo! Si como dicen por ahí, “sabe Dios” que este último sector, el empresarial, está totalmente “agachado” ante la deuda de mil 500 millones de pesos, “no sea que no les vayan a pagar si se revelan”; ya mejor ni preguntar por los 41 mil millones que se recaudaron desde 2011; año de la creación del fideicomiso.

Imagínese: de ese tamaño es la “confianza” que, en teoría, pretende fortalecer el Gobierno de Veracruz. Total, el impuesto citado, “vale menos que una caja de chicles”, dice Duarte de Ochoa, e interponer recursos de inconstitucionalidad no procederá, por más que le hagan a la lucha los partidos de oposición, agregó.

Y ya del pasivo general de 42 millones de pesos hasta el segundo trimestre de 2015 –según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- ya ni hablamos.

Y por si fuera poco lo anterior, tenemos el caso de la reforma a la Ley 287, del Instituto de Pensiones del Estado: declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuatro artículos, promoviendo los argumentos de una reforma integral y no parcial, como los mismos Ministros aseguraron que se debía hacer.

Pero la revisión de ello, en el Congreso local, es secundaria si consideramos la parte de los dineros que han dejado en crisis de liquidez a este órgano creado en el sexenio de Miguel Alemán, en 2011; imposibilitado para cumplir con la Ley número 20 del propio IPE, en materia de Jubilación, Seguro de la Vejez, de incapacidad, invalidez, muerte, gastos funerales, indemnización, préstamos a corto y mediano plazo y promoción de créditos para la adquisición de viviendas.

Pero ¿cómo? Si ni siquiera se sabe dónde están los cinco mil millones de pesos por concepto de cuotas ni el destino de los terrenos adquiridos durante la brillante gestión del extinto José Luis Lobato Campos al frente del Instituto (por mencionar un poco de lo destacable, claro).

¡Dónde quedó la congruencia! ¿O será que alguien más fue el que “escupió para arriba” al hablar de los castigos a quien lastime la confianza de los veracruzanos?


SUI GENERIS

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) revisó a la baja su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto nacional para 2016 a 2.5 por ciento. Mismo caso es la apreciación del Fondo Monetario Internacional, que lo hizo al 2.8 por ciento; ambos, lejanos al 3.6 que estimó el titular de la SHCP, Luis Videgaray.

En este escenario y si consideramos que Veracruz aporta el 5.6 por ciento al PIB del país –siendo uno de los que más lo hacen-, el objetivo de la contratación de deuda mediante medidas recaudatorias emergentes como el aumento al impuesto a la nómina, y por ahí, el propio Reglamento de Tránsito del Estado ¿en qué panorama de aportación deja a Veracruz, para la economía nacional? Yo diría que, si no nula, muy deficiente.

¿Ahora se entiende por qué digo que Veracruz está en problemas y la congruencia, más?


POST IT: Este 17 de octubre se cumple un año de la trágica muerte de         José Luis Lobato Campos. Si quiera por respeto a su memoria, se debería rendir homenaje al también exsenador, rescatando lo mejor de su labor en el IPE… repitiéndola, en lugar de seguir viendo al Instituto como la “caja chica” del Gobierno.




Twitter: @magomezpolanco